¿Quién iba a dudar del Gobierno de España?
En los días más oscuros de la pandemia, cuando los gobiernos compraban mascarillas con urgencia y poca supervisión, las fronteras entre lo público y lo privado se volvieron porosas. Julio Fuster Culebras, exdirector del Servicio de Salud de Baleares, declaró ante el Senado que la oferta de mascarillas de una empresa vinculada a la trama Koldo no llegó por canales comerciales, sino desde el propio Gobierno de España, aunque sin poder precisar qué ministerio —Industria o Transportes— actuó como intermediario. Su testimonio no resuelve el escándalo, pero lo profundiza: convierte una historia de corrupción en una pregunta sobre hasta dónde penetró la red en el aparato del Estado.
- Un exdirector sanitario revela ante el Senado que fue el propio Gobierno quien le ofreció mascarillas de una empresa hoy investigada por corrupción.
- La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a la trama Koldo, habría utilizado un ministerio como canal de venta hacia administraciones regionales.
- Fuster no conoce la identidad del intermediario ministerial ni puede precisar si era Industria o Transportes, dejando un vacío crítico en la cadena de responsabilidades.
- La pregunta que nadie ha respondido aún es quién autorizó que un ministerio actuara como agente comercial de una empresa privada durante la pandemia.
- La declaración abre nuevas líneas de investigación que podrían revelar si otras regiones siguieron el mismo patrón de compra bajo presión institucional.
El martes, Julio Fuster Culebras compareció ante la comisión de investigación del Senado para explicar cómo llegaron las mascarillas de la trama Koldo al Servicio de Salud de Baleares. Su relato fue revelador: la oferta no provino de un vendedor privado, sino de alguien que hablaba en nombre del Gobierno.
Según Fuster, un ministerio —no sabe si Industria o Transportes— contactó al servicio balear para informarles de que había un excedente de mascarillas KN95 traídas en avión para las fuerzas de seguridad del Estado. El sobrante estaba disponible para quien quisiera comprarlo. El procedimiento fue el habitual: solicitar documentación técnica, verificar la oferta a través de la central de compras y, si todo cuadraba, cerrar el acuerdo. Nada parecía fuera de lo ordinario. Cuando le preguntaron por qué no desconfió, Fuster respondió con una pregunta que lo dice todo: '¿Quién iba a dudar del Gobierno de España?'
El problema es que la empresa vendedora era Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, hoy en el centro del escándalo Koldo. El intermediario ministerial que hizo la llamada sigue sin nombre en el relato de Fuster, y no está claro qué ministerio asumió ese papel de agente comercial.
La declaración deja abiertas preguntas de mayor calado: si un ministerio promovía activamente la venta de mascarillas de una empresa corrupta, ¿cuántas otras administraciones regionales recibieron la misma llamada? ¿Fue un error puntual o un patrón sistemático? Las respuestas determinarán la verdadera dimensión del escándalo.
Julio Fuster Culebras, quien dirigió el Servicio de Salud de Baleares hasta hace poco, se presentó el martes ante una comisión de investigación del Senado para hablar de su papel en la compra de mascarillas. Lo que dijo fue claro en un aspecto fundamental: la oferta que llegó a su departamento no surgió de un vendedor privado buscando negocio, sino de alguien que hablaba en nombre del Gobierno.
La historia que Fuster contó tiene una estructura casi mundana. Un ministerio —aunque él no está seguro de cuál, si Industria o Transportes— contactó al servicio de salud balear. El mensaje era que el Gobierno había traído un avión lleno de mascarillas KN95, equiparables a las FPP2, destinadas a la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad del Estado. Pero había un problema de sobrecapacidad: les sobraba un lote. ¿Querían comprarlo?
Fuster no manejaba personalmente ese contrato. Pero sí sabía que la llamada había llegado. Cuando le preguntaron cómo se procesó la oferta, explicó el procedimiento: pidieron la documentación técnica, la pasaron a la central de compras para que verificara si la propuesta era legítima, y si todo cuadraba, se materializaba el acuerdo. Nada extraordinario en la superficie. El problema es quién estaba detrás.
La empresa que vendía las mascarillas se llamaba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Ese nombre importa porque está vinculada a la trama Koldo, el escándalo de corrupción que ha salpicado a varios ministerios y que ha generado investigaciones en múltiples niveles. Cuando Fuster fue cuestionado sobre por qué confió en una oferta que venía supuestamente del Gobierno, respondió con una pregunta retórica que revela algo sobre cómo funcionaban las cosas: "¿Quién iba a dudar del Gobierno de España?"
Lo que Fuster no sabía —o al menos dijo no saber— era la identidad de quién exactamente lo llamó desde el ministerio. Ese intermediario permanece sin nombre en su relato. Tampoco está claro si fue Industria o Transportes el ministerio que hizo la llamada. Pero lo que sí quedó establecido es que la oferta no llegó a través de canales comerciales normales. Vino del aparato estatal.
Esta declaración ante el Senado abre una pregunta que no tiene respuesta fácil: si un ministerio estaba promoviendo la venta de mascarillas de una empresa ligada a la trama Koldo, ¿hasta dónde llegaba la red? ¿Cuántas otras compras públicas en otras regiones siguieron el mismo patrón? ¿Quién autorizó que un ministerio actuara como intermediario comercial para una empresa privada? Las respuestas determinarán si esto fue un error de procedimiento o algo más sistemático.
Citações Notáveis
La oferta de mascarillas llegó de un Ministerio, aunque desconoce si era Industria o Transportes— Julio Fuster Culebras, exdirector del Servicio de Salud de Baleares
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué importa que Fuster no supiera de cuál ministerio venía la llamada?
Porque sugiere que alguien dentro del Gobierno estaba haciendo el trabajo sucio sin dejar rastro claro. Si no sabes quién te llama, no puedes verificar si tiene autoridad para hacerlo.
Pero él dice que pidieron documentación y la pasaron a la central de compras. ¿No es eso un control?
En teoría sí. Pero si la central de compras recibe una oferta que viene "del Gobierno", probablemente asume que ya está validada. El sello oficial es el mejor aval que existe.
¿Y si la empresa era legítima y simplemente tenía mascarillas que vender?
Entonces ¿por qué un ministerio hace de vendedor? Las empresas privadas tienen departamentos comerciales. Que un ministerio sea el que llama sugiere que hay algo más que una transacción normal.
Fuster dice que desconoce quién lo llamó. ¿Es creíble?
Es posible. Pero también es conveniente. Si no sabes el nombre, no puedes ser acusado de haber conspirando con esa persona específica.
¿Qué pasa ahora?
Alguien tiene que identificar quién hizo esa llamada. Eso es lo que la comisión del Senado está tratando de averiguar. Sin ese nombre, la cadena de responsabilidad se quiebra.