España crece, pero empobrece a sectores crecientes de la población
España se debate entre dos imperativos que no caben en el mismo presupuesto: las exigencias militares de la OTAN y la deuda social acumulada con casi una de cada cinco ciudadanos en riesgo de pobreza. El modelo de crecimiento elegido durante la última década, apoyado en gran medida en la inmigración masiva, ha generado expansión macroeconómica sin prosperidad compartida. Lo que se presenta como un dilema de defensa es, en el fondo, la factura de años de crecimiento sin planificación ni consenso.
- La OTAN presiona a España para que multiplique su gasto militar hasta los 100.000 millones de euros anuales, una cifra que choca de frente con la realidad de 700.000 personas que pasan hambre.
- Más del 60% del crecimiento económico español depende de la llegada de trabajadores extranjeros, lo que dispara la demanda de vivienda, sanidad y educación pública en un Estado ya tensionado.
- El Gobierno ha aprobado 34.265 millones para defensa —el mayor presupuesto en tres décadas— pero lo ha hecho por vías discretas, consciente de que la cifra es políticamente incómoda y socialmente insuficiente.
- La renta per cápita retrocede respecto a la media europea y la pobreza crece aunque el PIB avance, revelando un modelo que produce estadísticas positivas mientras empobrece a sectores cada vez más amplios de la población.
- Sin una política migratoria consensuada ni margen fiscal real, el próximo Gobierno —sea del color que sea— heredará el mismo callejón sin salida entre presión atlántica y urgencia social.
España vive una contradicción que ningún gobernante podrá resolver con facilidad en los próximos años. Aunque la OTAN exige destinar el 5% del PIB a defensa —más de cien mil millones de euros anuales—, la realidad fiscal y social del país lo hace inviable. Con 700.000 personas pasando hambre y casi una de cada cinco en riesgo de pobreza, movilizar esa cantidad para armamento desafía cualquier lógica presupuestaria.
El origen de esta tensión está en las decisiones económicas de la última década. El Gobierno ha construido su estrategia de crecimiento sobre la inmigración masiva: más del 60% de la expansión económica proviene del aumento de población trabajadora extranjera. Esta apuesta sostiene el sistema de pensiones y dinamiza el mercado laboral, pero tiene un costo social que apenas se ha comenzado a contabilizar. Cada persona que llega necesita vivienda, sanidad y educación, y muchas llegan en situación de pobreza. El gasto en servicios públicos crece, precisamente cuando el Estado debe también responder a las presiones militares de sus aliados.
El Gobierno ha intentado cuadrar esta ecuación imposible aprobando discretamente el mayor presupuesto de defensa en tres décadas: 34.265 millones de euros, el 2,1% del PIB. Es un incremento significativo, pero aún muy lejos de lo que Washington y Bruselas demandan. Para no tensar más la cuerda social, también ha prometido 505 millones para integrar a más de un millón de inmigrantes regularizados, una cifra claramente insuficiente para la magnitud del desafío.
El error de fondo ha sido la ausencia de una política migratoria consensuada y planificada. El resultado es paradójico: España crece más rápido que la eurozona, pero la pobreza aumenta y la renta per cápita retrocede respecto a la media europea. Es un modelo que produce cifras macroeconómicas positivas mientras empobrece a sectores crecientes de la población. La verdadera amenaza para la estabilidad no es externa, sino el avance de la xenofobia alimentado por esa desigualdad creciente.
El próximo Gobierno enfrentará las mismas presiones sin más margen de maniobra: la OTAN exigiendo más gasto militar, millones de personas necesitando servicios básicos y una deuda pública que estrecha las opciones. La estrategia actual —aumentar el gasto militar discretamente y confiar en que los fondos europeos resuelvan el resto— tiene fecha de vencimiento.
El Gobierno español se encuentra atrapado en una contradicción que ningún líder político podrá resolver fácilmente en los próximos años. Aunque Pedro Sánchez deseara destinar el 5% del producto interior bruto a defensa, como demanda la OTAN, la realidad fiscal y social del país lo hace imposible. Y lo mismo ocurrirá con cualquier gobernante que le suceda. Dentro de una década, movilizar más de cien mil millones de euros anuales para armamento no será viable en una nación donde aproximadamente 700.000 personas pasan hambre y casi una de cada cinco personas vive en riesgo de pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Esta tensión es el resultado directo de las decisiones económicas tomadas durante los últimos ocho años. El Gobierno de coalición progresista ha construido su estrategia de crecimiento sobre un pilar fundamental: la inmigración masiva. Más del 60% de la expansión económica proviene del aumento de población a través de la llegada de trabajadores extranjeros, tanto en situación regular como irregular. Esta apuesta tiene ventajas reales. Los inmigrantes en edad laboral aportan dinamismo al mercado de trabajo y contribuyen a sostener un sistema de pensiones envejecido. Pero también tiene un costo social que el país apenas ha comenzado a contabilizar.
Cada persona que llega necesita vivienda, atención sanitaria, educación para sus hijos, acceso a servicios públicos. España está incorporando a un número significativo de personas que llegan en situación de pobreza y requieren recursos para vivir con dignidad. Esto eleva de forma considerable el gasto público en servicios sociales, precisamente en un momento en el que el Estado debe también responder a las presiones de la OTAN para aumentar el presupuesto militar. El Gobierno ha prometido 505 millones de euros para facilitar la integración de más de un millón de inmigrantes regularizados. Esa cifra, sin embargo, resulta claramente insuficiente para la magnitud del desafío.
La aritmética es brutal. Para evitar un choque social, España necesitaría reforzar profundamente su Estado de bienestar. Eso no es compatible con destinar 21.000 millones de euros adicionales cada año a defensa, especialmente cuando el país mantiene una de las deudas públicas más altas del mundo. El Gobierno ha intentado resolver esta ecuación imposible aprobando un aumento significativo del gasto militar por vías discretas. Por primera vez en tres décadas, la partida de defensa alcanza 34.265 millones de euros, equivalentes al 2,1% del PIB. Es un incremento importante, pero aún muy por debajo de lo que Washington y Bruselas exigen.
La verdadera amenaza para la estabilidad española no es una invasión rusa, sino el crecimiento de la xenofobia. Tanto Donald Trump como Mark Rutte lo saben, y por eso continúan presionando al Gobierno español para que aumente el gasto militar. Quieren evitar que Madrid se convierta en un mal ejemplo para otros socios de la alianza atlántica. El dilema es que satisfacer esa presión internacional mientras se atienden las necesidades básicas de una población cada vez más vulnerable es una tarea que desafía la lógica presupuestaria.
El error fundamental de Pedro Sánchez ha sido la ausencia de una política migratoria consensuada con los principales partidos españoles y alineada con las estrategias europeas. Durante ocho años han faltado gestión y planificación. El resultado es paradójico: España crece más rápido que otros países de la eurozona, pero simultáneamente aumenta el número de personas en situación de pobreza. La renta per cápita retrocede respecto a la media europea. La productividad se estanca a pesar de los avances tecnológicos. Es un modelo de crecimiento que genera cifras macroeconómicas positivas mientras empobrece a sectores crecientes de la población.
Esta contradicción no puede sostenerse indefinidamente. El próximo Gobierno, sea cual sea su color político, enfrentará las mismas presiones: la OTAN exigiendo más gasto militar, millones de personas necesitando servicios públicos básicos, y una deuda pública que limita el margen de maniobra. La pregunta que nadie quiere responder es qué sucede cuando esas demandas se vuelven incompatibles. Por ahora, el Gobierno ha optado por aumentar el gasto militar discretamente y esperar que los fondos europeos y el crecimiento económico resuelvan el problema de la integración. Pero esa estrategia tiene fecha de vencimiento.
Citas Notables
Si se quiere evitar un choque social, es imprescindible reforzar en profundidad el Estado de bienestar. Y eso no es compatible con destinar cada año 21.000 millones de euros adicionales a defensa.— Análisis editorial de La Vanguardia
Para cualquier gobernante español, el principal riesgo no es una invasión rusa, sino el aumento de la xenofobia.— Análisis editorial de La Vanguardia
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el Gobierno no puede simplemente aumentar los impuestos para financiar tanto la defensa como los servicios sociales?
Porque España ya tiene una deuda pública entre las más altas del mundo. Hay un límite a cuánto más puede pedir prestado. Además, aumentar impuestos en un contexto de crecimiento desigual, donde muchas personas están cayendo en la pobreza, es políticamente explosivo.
Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? ¿La inmigración o la falta de planificación?
Es la falta de planificación sobre la inmigración. La inmigración en sí misma no es el problema; es que el Gobierno apostó por ella como motor de crecimiento sin preparar los servicios públicos para recibirla. Ahora está atrapado.
¿Y si España simplemente dice que no a la OTAN? ¿Que no puede permitirse el 5% del PIB?
Políticamente, eso es casi imposible. Trump y otros líderes occidentales lo verían como una debilidad. Además, España necesita la seguridad que proporciona la alianza. Así que el Gobierno aumenta el gasto militar discretamente, esperando que nadie se dé cuenta.
¿Cuál es el riesgo real para España?
No es una invasión rusa. Es que la xenofobia crezca cuando las personas pobres compitan por recursos escasos. Eso es lo que mantiene despierto al Gobierno por las noches.
¿Puede durar este modelo otros diez años?
No. En algún momento, algo tiene que ceder. O aumentan los impuestos, o se recortan servicios, o se limita la inmigración, o se reduce el gasto militar. Probablemente todo a la vez.