El Gobierno no decide qué se publica y qué no
En El Salvador, el periódico El Faro apagó su sitio web durante veinticuatro horas como acto de resistencia ante reformas penales impulsadas por el presidente Nayib Bukele que castigan con hasta quince años de prisión la publicación de información sobre pandillas. Lo que se presenta como una guerra contra el crimen organizado lleva consigo una sombra más antigua: la tentación del poder de decidir qué verdades merecen circular. En ese silencio voluntario de un día, El Faro no solo protestó contra una ley, sino que recordó al mundo que la libertad de prensa no es un privilegio del periodista, sino una garantía del ciudadano.
- El Legislativo salvadoreño aprobó reformas que convierten en delito penal la cobertura periodística sobre pandillas, con penas de hasta 15 años de cárcel para quienes publiquen información sobre su control territorial.
- El Faro cerró su página web durante 24 horas —un gesto sin precedentes en sus dos décadas de existencia— para denunciar lo que calificó como una mordaza directa a la libertad de prensa y de expresión.
- Periodistas y líderes gremiales advierten que la vaguedad deliberada de las leyes abre la puerta a arrestos arbitrarios, y recuerdan que fue la prensa independiente, no la fiscalía, quien destapó los pactos entre políticos y pandillas.
- Amnistía Internacional y Human Rights Watch compararon a Bukele con Ortega y Maduro, señalando que las reformas constituyen censura previa prohibida constitucionalmente y buscan silenciar a los medios críticos.
- El presidente justificó las medidas comparándolas con la prohibición alemana de la simbología nazi, una analogía que sus críticos rechazaron como una distorsión que no hace sino revelar la magnitud del autoritarismo en juego.
A finales de marzo de 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró una "guerra" contra las pandillas que no se libró solo en las calles. El Legislativo aprobó un paquete de reformas penales que criminalizaban la cobertura periodística sobre estos grupos, castigando con hasta quince años de prisión la publicación de cualquier información sobre su control territorial. También prohibían a los medios reproducir mensajes de organizaciones delincuenciales y declaraban ilegales los grafitis asociados a pandillas, marcas que en muchas comunidades salvadoreñas delimitan zonas de poder entre grupos rivales.
En respuesta, El Faro —el diario independiente más influyente del país— tomó una decisión sin precedentes en sus veinticuatro años de historia: cerró su sitio web durante un día completo. En un comunicado titulado "No a la censura", el medio dejó claro que no permitiría que el Gobierno determinara qué se publicaba y qué no. No era un gesto menor; era la señal de una prensa dispuesta a resistir.
Desde el gremio periodístico, las voces fueron contundentes. Serafín Valencia, relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador, denunció que las reformas violaban la Constitución al constituir censura previa, explícitamente prohibida. César Castro Fagoaga, presidente de la asociación, advirtió que la ley buscaba legitimar la detención de comunicadores mediante decretos, y recordó un dato incómodo para el Gobierno: los escándalos de corrupción más graves del país, incluidos pactos entre políticos y pandillas, habían sido revelados por la prensa, no por el Ministerio Público.
La comunidad internacional reaccionó con alarma. Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, afirmó que Bukele seguía los pasos de Ortega y Maduro. Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch, señaló la vaguedad deliberada de las normas y preguntó quién decidiría quién iría preso quince años: ¿Bukele por Twitter, su Asamblea o sus jueces? El presidente, por su parte, comparó su iniciativa con la prohibición alemana de la simbología nazi, una analogía que sus críticos rechazaron de plano. El Salvador se encontraba ante un momento de quiebre entre un gobierno decidido a silenciar y una prensa que, aunque fuera por un día, eligió el silencio propio antes que el impuesto.
A finales de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó lo que denominó una "guerra" contra las pandillas. La iniciativa no se limitó a operativos en las calles. El Legislativo aprobó un paquete de reformas penales que, según el gremio periodístico, transformaban la cobertura de estos grupos en un delito.
El Faro, el diario salvadoreño más importante, tomó una decisión sin precedentes en sus 24 años de existencia: cerró su página web durante todo un día en protesta. No era un gesto simbólico menor. En un comunicado titulado "No a la censura", el medio explicó que durante décadas sus lectores habían encontrado en sus páginas un periodismo crítico, dedicado a entender los fenómenos políticos y sociales que moldeaban las vidas de salvadoreños y centroamericanos. Las nuevas leyes, argumentó, representaban una mordaza a la libertad de prensa y de expresión. El mensaje fue claro: el Gobierno no decidiría qué se publicaba y qué no.
La reforma más alarmante castiga con hasta 15 años de prisión la publicación de cualquier información escrita que aluda al control territorial de las pandillas en El Salvador. Además, prohíbe a los medios reproducir o transmitir mensajes originados por grupos delincuenciales que pudieran generar pánico en la población. También declara ilegales los grafitis o cualquier expresión visual que transmita mensajes de pandillas, explícita o implícitamente. En las comunidades salvadoreñas, estos grafitis funcionan como marcas de territorio entre zonas controladas por grupos rivales.
Serafín Valencia, relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador, advirtió que el Gobierno había comenzado a profundizar un discurso falso: que los periodistas estaban defendiendo a las pandillas. Valencia subrayó que las enmiendas violaban la Constitución al representar censura previa, explícitamente prohibida en la carta magna. César Castro Fagoaga, presidente de la asociación, fue más directo: calificó la reforma como un claro intento de censura a los medios de comunicación.
Lo que más preocupaba a los periodistas era la posibilidad inmediata de arrestos. Castro Fagoaga señaló que la reforma buscaba legitimar, a través de decretos, la detención de comunicadores. En octubre de 2020, el entonces director de El Faro, José Luis Sanz, ya había expresado temor a ser capturado en represalia por sus investigaciones. El presidente de la asociación recordó un hecho incómodo para el Gobierno: los casos más sonados de corrupción en El Salvador, incluyendo negociaciones de políticos con pandillas, habían sido revelados primero por la prensa, no por el Ministerio Público.
Organismos internacionales de derechos humanos reaccionaron con alarma. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que la reforma buscaba silenciar medios independientes y que Bukele seguía los pasos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Tamara Taraciuk, directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas, calificó la medida de grave, señalando su vaguedad deliberada y su intención de amedrentar a la prensa. ¿Quién decidiría quién iba preso 15 años por esto?, preguntó. ¿Bukele por Twitter, su Asamblea Legislativa, o sus jueces?
El presidente salvadoreño justificó su iniciativa comparándola con la lucha alemana contra el nazismo. Cuando Alemania erradicó el nazismo, escribió en Twitter, prohibió toda la simbología nazi y los mensajes que la promovieran. Nadie protestó porque era entendible. Ahora El Salvador haría lo mismo con las pandillas. La comparación no convenció a los críticos. Lo que quedaba claro era que El Salvador enfrentaba un momento de quiebre: un Gobierno decidido a criminalizar la cobertura de un fenómeno que había resistido a cuatro administraciones anteriores, y una prensa independiente dispuesta a resistir, aunque fuera cerrando sus puertas por un día.
Notable Quotes
Se está tratando de legitimar, a través de decretos espurios, que esta posibilidad (la de ser detenidos) se concrete— César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador
Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad— César Castro Fagoaga
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué un diario cierra su web? Parece un gesto casi teatral.
No es teatro cuando es la primera vez en 24 años. El Faro estaba diciendo: esto es tan grave que preferimos desaparecer un día a seguir operando bajo estas reglas.
Pero ¿qué exactamente prohíben estas leyes? ¿No pueden escribir sobre pandillas?
Pueden escribir, pero cualquier cosa que mencione control territorial o que la gente lea como un mensaje de pandillas puede resultar en 15 años de cárcel. La vaguedad es el punto. Nadie sabe dónde está la línea.
¿Y Bukele realmente cree que esto va a funcionar contra las pandillas?
Probablemente no. Lo que funciona es silenciar a quien cuenta la verdad. Las investigaciones sobre corrupción, sobre pactos entre políticos y pandillas, siempre han salido de la prensa, no de los fiscales.
¿Entonces los periodistas van a ir a la cárcel?
Eso es lo que temen. Y no es paranoia. El Gobierno ya ha mostrado disposición a perseguir a críticos. Esta ley simplemente les da una herramienta legal para hacerlo.
¿Qué dicen los organismos internacionales?
Que Bukele está siguiendo el manual de Ortega y Maduro. Pero también que necesitan pronunciamientos más fuertes de la OEA, de Europa, de gobiernos de la región. Hasta ahora, el silencio ha sido ensordecedor.