Muchos casi no quieren expresarse y tampoco quieren salir
En el Perú de hoy, más de medio millón de pequeños comerciantes cargan con una doble amenaza que erosiona no solo sus finanzas, sino su dignidad: la extorsión sistemática de bandas criminales y la posibilidad de nuevas cargas tributarias. El 99% de los bodegueros asociados ha pagado cupos para mantener sus puertas abiertas, destinando hasta siete mil soles mensuales a una seguridad que el Estado no ha sabido garantizar. Lo que emerge de esta crisis no es solo un problema económico, sino una pregunta más profunda sobre el costo humano de la informalidad del crimen y la fragilidad del emprendimiento formal en sociedades donde la ley llega tarde.
- El 99% de los bodegueros peruanos ha sufrido extorsión en los últimos cinco años, con algunos victimizados tres veces o más, convirtiendo el miedo en una condición permanente de hacer negocios.
- Los gastos de seguridad —entre S/500 y S/7.000 mensuales en cámaras, rejas y vigilancia privada— consumen una porción crítica de los márgenes de negocios que ya operan al límite.
- Los gremios advierten que cualquier aumento del Impuesto Selectivo al Consumo podría empujar a los comerciantes formales hacia la informalidad y abrir la puerta al contrabando.
- Aunque el MEF descartó recientemente un alza del ISC, los bodegueros exigen que todo incremento tributario futuro pase exclusivamente por el Congreso, no por decreto.
- Más de 535 mil bodegas ya no preguntan cómo crecer: preguntan cómo sobrevivir al mes siguiente.
Más de medio millón de pequeñas tiendas operan hoy en el Perú bajo una presión que no existía hace una década. La Asociación de Bodegueros del Perú reporta que el 99% de sus asociados ha sufrido extorsión en los últimos cinco años, y para muchos no fue un episodio aislado: algunos han pagado cupos a bandas criminales en tres ocasiones o más, simplemente para mantener sus negocios abiertos.
Esta realidad ha transformado radicalmente los costos operativos. Un dueño de minimarket en Comas, que pidió reserva de identidad por temor a represalias, gasta al menos 500 soles mensuales en cámaras de seguridad. Otros llegan a desembolsar 7.000 soles cada mes en vigilancia privada y rejas reforzadas. No son inversiones de crecimiento: son gastos de supervivencia en un entorno donde, según los dirigentes gremiales, la respuesta policial ha sido insuficiente.
Andrés Choy, presidente de la asociación, describió una parálisis que va más allá de lo económico. Muchos asociados evitan hablar públicamente; algunos temen salir de sus casas. El miedo a que los cupos aumenten o a ser extorsionados de nuevo ha limitado su libertad de movimiento y su dignidad cotidiana. Julio Surco, de la Asociación Pyme Perú, confirmó que estos sobrecostos por criminalidad representan para muchos una fracción sustancial de sus ingresos totales.
A esta crisis se suma la amenaza de nuevos impuestos. Aunque el Ministerio de Economía descartó recientemente un alza del Impuesto Selectivo al Consumo, los gremios advierten que cualquier incremento futuro debe ser debatido y aprobado por el Congreso. Un aumento del ISC en productos de alta rotación como bebidas podría reducir el consumo, golpear la facturación de los negocios formales y crear condiciones favorables para el contrabando. La paradoja es evidente: mientras el Estado busca formalizar la economía, la inseguridad y la presión tributaria empujan a los comerciantes formales en dirección contraria.
Más de medio millón de pequeñas tiendas operan en el Perú bajo una presión que no existía hace una década. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, el 99% de sus asociados ha sufrido extorsión en los últimos cinco años. Para algunos, no fue una sola vez. Algunos han sido extorsionados tres veces o más, obligados a pagar cupos a bandas criminales simplemente para mantener sus puertas abiertas.
Esta realidad ha transformado los gastos operativos de miles de emprendedores. Un dueño de minimarket en Comas, quien pidió no ser identificado por temor a represalias, gasta un mínimo de 500 soles mensuales en cámaras de seguridad. Otros negocios desembolsan hasta 7.000 soles cada mes en vigilancia privada, rejas reforzadas e implementos de protección. Estos no son lujos. Son gastos de supervivencia en un entorno donde la policía, según los dirigentes gremiales, no ha ofrecido respuestas concretas.
Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, describió el clima de miedo que rodea a sus asociados. Muchos no quieren hablar públicamente. Muchos no quieren salir de sus casas. El temor a que incrementen los cupos, a que vuelvan a ser extorsionados, ha generado una parálisis que va más allá de lo económico. Es una cuestión de libertad de movimiento, de dignidad, de la capacidad básica de vivir sin amenaza constante.
La situación se agravó después de la pandemia. Lo que antes eran gastos inexistentes ahora consume una porción significativa de las ganancias de negocios que operan con márgenes delgados. Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, señaló que estos sobrecostos por criminalidad pueden llegar a 7.000 soles mensuales, una cifra que para muchos pequeños comerciantes representa una fracción sustancial de sus ingresos.
En paralelo, los gremios enfrentan otra amenaza: la posibilidad de nuevos impuestos. El Ministerio de Economía y Finanzas descartó recientemente un incremento del Impuesto Selectivo al Consumo, pero los bodegueros y pymes advierten que cualquier aumento tributario futuro debe ser debatido y aprobado únicamente por el Congreso. Surco argumentó que nuevas cargas fiscales afectarían directamente a las empresas formales y se trasladarían a los consumidores mediante precios más altos.
Los bodegueros advirtieron específicamente sobre productos de alta rotación como bebidas y bienes de consumo masivo. Un aumento del ISC en estas categorías podría reducir el consumo, afectar la facturación de negocios formales y crear un escenario favorable para el contrabando y la informalidad. Es una paradoja: mientras el Gobierno busca formalizar la economía, la inseguridad y la presión tributaria empujan a los comerciantes formales hacia la informalidad.
Los dirigentes han sostenido reuniones con distintas autoridades. Han presentado sus números, sus historias, sus preocupaciones. Pero la criminalidad continúa avanzando y los costos siguen aumentando. Para más de 535 mil bodegas en el país, la pregunta ya no es cómo crecer. Es cómo sobrevivir.
Notable Quotes
Durante los últimos cinco años, el 99% de nuestros socios han pasado por problemas de extorsión. Hemos hablado con la policía y no hacen absolutamente nada.— Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú
El creciente sobrecosto por la criminalidad puede representar hasta S/7.000 mensuales en el pago de personal de vigilancia y sus implementos de seguridad.— Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el 99% es un número tan específico? ¿Cómo se llega a esa cifra?
La Asociación de Bodegueros del Perú encuestó a sus asociados sobre experiencias de extorsión en los últimos cinco años. Es prácticamente universal. Algunos negocios fueron victimizados una sola vez, otros tres veces o más.
¿Qué significa pagar un cupo? ¿Es dinero directo a criminales?
Sí. Es un pago regular a bandas criminales para que no ataquen el negocio, no roben, no destruyan. Es extorsión formalizada. Algunos bodegueros lo ven como el costo de operar.
¿La policía sabe que esto está pasando?
Los dirigentes dicen que han hablado con la policía y que no han recibido respuesta. Hay temor generalizado a denunciar porque muchos bodegueros temen represalias.
¿Cuál es el impacto real de 500 a 7.000 soles mensuales en seguridad?
Para un negocio pequeño, eso puede ser el 10, 15, 20% de sus ganancias mensuales. Es dinero que no va a reposición de inventario, a mejoras, a empleados. Es dinero que desaparece.
¿Por qué los bodegueros se oponen tanto al ISC si el MEF ya lo descartó?
Porque saben que volverá. Y porque cualquier aumento tributario se suma a la presión que ya sienten. Si suben impuestos y la gente compra menos, sus ventas caen. Es un círculo vicioso.
¿Hacia dónde va esto?
Si los costos de seguridad siguen subiendo y los impuestos aumentan, muchos bodegueros formales simplemente cerrarán o se irán a la informalidad. El Gobierno pierde recaudación y la economía se desorganiza más.