Una política comercial que refleja los caprichos del presidente en lugar de decisiones razonadas
En un momento en que el poder ejecutivo busca redefinir los límites de la política comercial, doce fiscales generales demócratas han llevado al presidente Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional, argumentando que sus aranceles —impuestos mediante decretos y publicaciones en redes sociales— exceden lo que la Constitución permite sin el concurso del Congreso. La disputa gira en torno a la IEEPA, una ley de cinco décadas que nunca antes había sido utilizada de esta forma, y cuya interpretación los tribunales deberán ahora sopesar por primera vez. Lo que está en juego no es solo una política comercial, sino la pregunta perenne sobre hasta dónde puede llegar la voluntad de un presidente antes de convertirse en algo distinto a la ley.
- Doce estados demócratas, encabezados por Nueva York y Michigan, presentaron una demanda formal argumentando que Trump ha convertido una ley de emergencia en un instrumento de poder arbitrario.
- Los aranceles —que alcanzan el 145% sobre importaciones chinas y afectan a casi todos los países del mundo, incluidos aliados— han generado una volatilidad económica sin precedentes, modificándose a veces de un día para otro a través de redes sociales.
- Los fiscales generales advierten que estas medidas no bajarán precios sino que dispararán la inflación, el desempleo y el costo de bienes esenciales como electrónicos y materiales de construcción.
- La demanda solicita una orden judicial que detenga todos los aranceles impuestos bajo la IEEPA, incluidos los suspendidos temporalmente el 9 de abril, mientras los tribunales resuelven su legalidad.
- Por primera vez en cincuenta años, un tribunal deberá decidir si la IEEPA puede usarse de esta manera, convirtiendo el caso en un potencial hito sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo en comercio.
Doce fiscales generales de estados gobernados por demócratas presentaron el miércoles una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional, acusando al presidente Trump de haber sobrepasado sus facultades constitucionales al imponer aranceles sin aprobación del Congreso. Nueva York y Michigan encabezaron la coalición, que reunió a diez estados más en torno a una pregunta central: ¿puede un presidente declarar una emergencia nacional para justificar aranceles que afectan a casi todos los países del mundo, incluidos los aliados más cercanos de Estados Unidos?
El argumento legal se concentra en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), promulgada hace cinco décadas pero nunca utilizada de esta forma. Los demandantes sostienen que la ley exige que la amenaza sea "inusual y extraordinaria" y de origen externo, un estándar que Trump, según ellos, no ha cumplido. La demanda de 38 páginas también señala la forma en que se han aplicado los aranceles: modificados, suspendidos y reinstaurados de un día para otro, a veces mediante simples publicaciones en redes sociales, y en ocasiones sin publicación previa oficial.
Las voces de los demandantes fueron contundentes. Letitia James, fiscal general de Nueva York, advirtió que los aranceles provocarían más inflación, no menos. La gobernadora de Michigan los calificó como el mayor aumento de impuestos federales en la historia del país. Y la fiscal general de Arizona los describió como una política a la vez económicamente imprudente e ilegal. Todos coincidieron en que los efectos recaerán sobre los trabajadores: más desempleo, salarios estancados y bienes esenciales más caros y escasos.
La demanda se suma a acciones legales previas de California y de empresas privadas, mientras Trump continúa enviando señales contradictorias: afirmó esta semana que los aranceles a China bajarían "sustancialmente", pero también que no le importaría si no había acuerdo. Los tribunales deberán ahora resolver, por primera vez en cinco décadas, si esta interpretación de la IEEPA es constitucional, sentando un precedente que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en materia comercial.
Doce fiscales generales de Estados gobernados por demócratas presentaron el miércoles una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, argumentando que el presidente Trump ha sobrepasado sus facultades constitucionales al imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Nueva York y Michigan encabezaban la coalición que incluía también a Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón y Vermont, todos cuestionando la legalidad de una política comercial que, según sus argumentos, refleja los caprichos presidenciales más que decisiones razonadas de gobierno.
La demanda de 38 páginas se enfoca en la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un mecanismo que permite al presidente regular importaciones y exportaciones en respuesta a emergencias específicas. Los demandantes sostienen que Trump ha distorsionado esta herramienta al declararla de emergencia nacional para justificar aranceles que afectan a casi todos los países del mundo, incluidos los aliados comerciales más cercanos de Estados Unidos. Ningún otro presidente en los cincuenta años desde que se promulgó la IEEPA ha utilizado esta ley de esta manera. Los fiscales generales argumentan que la ley requiere que la amenaza sea "inusual y extraordinaria" y que provenga "en su totalidad o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos", un estándar que, según ellos, Trump no ha cumplido.
La volatilidad de la política arancelaria ha sido particularmente problemática. Trump ha modificado, suspendido, elevado y reducido los aranceles de un día para otro, frecuentemente a través de publicaciones en redes sociales. Algunos decretos han entrado en vigor sin ser publicados previamente. Los aranceles a las importaciones chinas han alcanzado el 145 por ciento, mientras que el presidente ha enviado señales contradictorias sobre su disposición a negociar. En una intervención en la Casa Blanca esta misma semana, afirmó simultáneamente que los aranceles chinos bajarían "sustancialmente" y que estaba bien si no había acuerdo. También amenazó con imponer aranceles adicionales a algunos países si no llegaba a acuerdos en dos o tres semanas, a pesar de haber establecido un plazo de 90 días para negociaciones.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, declaró que Trump no tiene la facultad de subir impuestos a su antojo, y que los aranceles ilegales tendrían el efecto contrario al prometido: en lugar de bajar precios, provocarían más inflación y daño económico. Kathy Hochul, gobernadora de Michigan, describió los aranceles como el mayor aumento de impuestos federales en la historia estadounidense. Kris Mayes, fiscal general de Arizona, calificó el plan de "una locura" que es tanto económicamente imprudente como ilegal.
Los demandantes argumentan que los aranceles aumentarán el desempleo, elevarán la inflación y amenazarán los salarios estadounidenses al frenar el crecimiento económico. Los bienes esenciales, desde productos electrónicos hasta materiales de construcción, se encarecerán y escasearán. La demanda solicita una orden judicial que detenga los aranceles impuestos bajo la IEEPA, incluidos los que fueron suspendidos el 9 de abril, e impida que la administración Trump los aplique o implemente.
California ya había presentado acciones legales separadas ante un juzgado federal la semana anterior, y empresas privadas también han presentado demandas. Trump ha afirmado que su gobierno ha hablado con 90 países para negociar, aunque su portavoz aseguró que "cientos de países" se habían acercado a Estados Unidos. El presidente también dejó caer el miércoles que planea aumentar los aranceles a las importaciones de automóviles desde Canadá, actualmente en el 25 por ciento, aunque cuando se le preguntó directamente respondió que no lo estaba considerando pero que "podría ser".
Los tribunales ahora deberán decidir si la interpretación de Trump sobre la IEEPA es constitucional y legal. Esta será la primera vez en cinco décadas que se cuestiona judicialmente el uso de esta ley de esta manera, convirtiendo el caso en un precedente potencialmente significativo sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial.
Citações Notáveis
El presidente no tiene la facultad de subir los impuestos a su antojo, pero eso es precisamente lo que ha estado haciendo Trump con estos aranceles— Letitia James, fiscal general de Nueva York
Los aranceles imprudentes de Trump han disparado los costos para los consumidores y han desatado el caos económico en todo el país— Kathy Hochul, gobernadora de Michigan
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué estos doce Estados decidieron actuar juntos en lugar de hacerlo individualmente?
Porque el alcance del problema es nacional. Los aranceles afectan a todos, pero algunos Estados tienen más que perder: Nueva York por su comercio internacional, Michigan por la manufactura. Juntos tienen más peso ante el tribunal.
¿Qué hace que esta demanda sea diferente de otras críticas a Trump?
Es una cuestión constitucional pura. No es política. Argumentan que Trump simplemente no tiene la autoridad legal para hacer esto, independientemente de si los aranceles son buenos o malos para la economía.
¿Por qué nadie había usado la IEEPA así antes?
Porque fue diseñada para emergencias reales de seguridad nacional, no para política comercial cotidiana. Trump la está usando como un arma de negociación, lo cual es una interpretación que ningún presidente anterior se atrevió a intentar.
¿Qué significa que Trump cambie los aranceles por redes sociales?
Significa que las empresas no pueden planificar. No saben qué pagarán mañana. Eso paraliza la inversión y la contratación. Es caos económico deliberado.
¿Ganará esta demanda?
Depende de cómo interprete el tribunal la IEEPA. Es territorio legal sin explorar. Los demandantes tienen un argumento fuerte sobre la intención original de la ley, pero Trump tiene abogados que argumentarán que una emergencia nacional desbloquea estos poderes.