El terror de los desalojos, de vivir en la calle sin derecho a un juicio
Un proyecto de resolución de la SCJN busca declarar constitucionales los desalojos sin juicio previo en la Ciudad de México, favoreciendo intereses inmobiliarios. Más de 20 familias fueron desalojadas en Cuba 11 en agosto pasado; los desalojos arbitrarios se han incrementado en los últimos meses previo al Mundial.
- Más de 20 familias fueron desalojadas de Cuba 11 en agosto de 2025, mayormente adultos mayores
- La SCJN discutiría el lunes un proyecto que declararía constitucionales los desalojos sin garantías procesales
- La primera versión del artículo 60 con protecciones estuvo vigente solo tres meses antes de ser reemplazada
- Los desalojos arbitrarios se han incrementado en los últimos meses previo al Mundial 2026
Organizaciones vecinales demandan a la Suprema Corte detener discusión de proyecto que avalaría desalojos sin garantías previas, argumentando que pone en riesgo el derecho a la vivienda rumbo al Mundial 2026.
En el Centro Histórico de la Ciudad de México, frente a lo que fue su hogar, más de veinte familias viven en un campamento improvisado en la calle Cuba 11. La mayoría son adultos mayores. Fueron expulsados en agosto del año pasado, y desde entonces permanecen ahí, resistiendo. Este viernes, sus abogados y organizaciones vecinales se presentaron ante los medios con una advertencia urgente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de discutir un proyecto de resolución que, de aprobarse, podría convertir en constitucionales los desalojos sin garantías procesales, sin juicio previo, sin protección legal alguna.
El proyecto en cuestión corre a cargo de la magistrada María Estela Ríos. Su propósito es declarar conforme a la Constitución la legislación actual de la Ciudad de México, específicamente el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías. Esa norma permite que las autoridades expulsen a personas de sus viviendas mediante lo que llaman un "mandamiento judicial debidamente fundado y motivado", pero sin las salvaguardas que protegen a los afectados de violencia, discriminación o vulneración de derechos. La discusión estaba programada para el lunes siguiente a esta conferencia de prensa.
Arturo Aparicio, el abogado que representa a los desalojados, explicó la gravedad de lo que está en juego. Si la Corte aprueba este proyecto, dijo, estaría sellando la constitucionalidad de un proceso que ya expulsó a las familias de Cuba 11. Eso significaría que esas personas perderían cualquier recurso legal para impugnar lo que les sucedió. Pero más allá de ese caso específico, Aparicio advirtió que la Corte estaría sentando un precedente peligroso: que en México las reformas a leyes de derechos humanos pueden hacerse de manera regresiva, quitando protecciones en lugar de ampliarlas.
La historia de esta legislación es instructiva. Hace siete años, en 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la capital presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 60. Esto sucedió después de que el Congreso local modificara una versión anterior de esa norma. Esa primera versión, que estuvo vigente apenas tres meses, contenía un conjunto de garantías pensadas para proteger a las personas en casos de desalojo: procedimientos que evitaran actos de violencia, que previnieran discriminación, que respetaran los derechos humanos. Fue reemplazada por una versión mucho más permisiva, que es la que ahora la Corte está considerando validar constitucionalmente.
Aparicio sugirió una conexión entre este momento y el contexto político más amplio. Mencionó las acciones del presidente Donald Trump en Venezuela y especuló que el sector inmobiliario mexicano podría estar aprovechando lo que percibe como un gobierno débil para presionar sus proyectos de especulación sobre el suelo urbano. Con el Mundial de Fútbol de 2026 acercándose, dijo, hay presión para limpiar la ciudad, para remover a las personas que viven en las calles o en viviendas precarias. Los desalojos arbitrarios se han multiplicado en los últimos meses.
Rocío González, una de las personas desalojadas, hizo un llamado directo a los magistrados de la Corte. Pidió que abrieran el diálogo antes de votar, que escucharan a quienes han vivido lo que ella llamó "el terror de los desalojos", de verse en la calle sin derecho a un juicio, sin protección legal. Las organizaciones vecinales que se sumaron al pronunciamiento fueron claras: ven el Mundial 2026 como una amenaza directa al derecho a la vivienda en la ciudad. Los desalojos no son accidentes legales. Son expulsiones que responden a intereses económicos, y la Corte está a punto de darles cobertura constitucional.
Lo que suceda en esa sala de la Suprema Corte el lunes siguiente tendrá consecuencias que van mucho más allá de Cuba 11. Si el proyecto de Ríos se aprueba, habrá validado un sistema en el que las personas pueden ser sacadas de sus casas sin las protecciones mínimas que cualquier democracia debería garantizar. Y habrá establecido que en México, los derechos humanos pueden ser reformados hacia atrás, que las garantías pueden ser erosionadas en nombre de la legalidad. Los vecinos en el campamento de Cuba 11 seguirán esperando, sin hogar, sin certeza legal, mientras la Corte decide si eso es constitucional.
Citas Notables
Prácticamente la Corte estaría diciendo que el desalojo de Cuba es constitucional, no solo legal, entonces no le dejaría recursos a las personas que sufren estos casos— Arturo Aparicio, abogado de los desalojados
Para que otras personas no vuelvan a vivir este terror de desalojos, de vivir en la calle sin derecho a un juicio— Rocío González, persona desalojada
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué importa tanto que la Corte declare esto "constitucional" en lugar de solo "legal"?
Porque si es constitucional, no hay recurso legal que valga. Las personas no pueden impugnarlo. Es la diferencia entre una ley que puede ser cuestionada y una que está blindada por la Constitución misma.
¿Cómo es que una ley de protecciones fue reemplazada por una sin protecciones?
La primera versión duró tres meses. El Congreso local la cambió. Nadie sabe exactamente por qué, pero el sector inmobiliario probablemente presionó. Ahora, siete años después, la Corte está considerando validar esa versión más débil.
¿Qué tiene que ver el Mundial 2026 con todo esto?
Es la presión de fondo. Las ciudades que albergan eventos grandes quieren verse limpias, ordenadas. Eso significa remover a las personas pobres, a los sin hogar. El Mundial es la excusa, pero el desalojo es el objetivo.
¿Estos desalojos son violentos?
No siempre físicamente. Pero sí son violentos en el sentido de que expulsan a personas de sus casas sin proceso, sin protección. Muchos de los afectados en Cuba 11 son adultos mayores. Ahora viven en un campamento en la calle.
¿Qué pasa si la Corte aprueba el proyecto?
Abre la puerta a que otros derechos sean reformados hacia atrás. Si los derechos de vivienda pueden ser erosionados, ¿qué otros derechos están en riesgo? Es un precedente que asusta a los abogados de derechos humanos.
¿Hay algo que los desalojados puedan hacer ahora?
Pidieron que la Corte abra el diálogo antes de votar. Que escuche sus historias. Pero tienen poco poder real. La decisión está en manos de los magistrados.