Denuncian que directivos de Ecopetrol se blindaron con estabilidad laboral hasta 2030

A polémica surgió apenas días después de que Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) pusieran fin a semanas de paro con la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo. La exsenadora María Fernanda Cabal denunció que, en el mismo proceso negociador, un grupo de directivos de la petrolera estatal se habría otorgado a sí mismos una cláusula de estabilidad laboral que los protegería del despido durante buena parte del próximo cuatrienio presidencial. Según su denuncia, los negociadores de la empresa se habrían concedido mediante otrosíes a sus propios contratos un blindaje de seis años, lo que significaría que no podrían ser despedidos durante todo el próximo gobierno.

La información llegó a Cabal a través de trabajadores de la compañía. Entre los presuntos beneficiarios estarían altos directivos, incluida la Vicepresidencia de Talento Humano, la misma dependencia que lideró la mesa de negociación en representación de la empresa. Cabal pidió que la nueva administración de Ecopetrol, su Junta Directiva, la Contraloría y la Procuraduría revisaran de inmediato lo ocurrido.

Alejandro Ospina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), confirmó los hechos y caracterizó la negociación como una maniobra de consolidación de poder de los petristas en la empresa y de implantación del unicato a favor del USO. En conversación con este medio, Ospina aseguró que el proceso estuvo totalmente amañado y que su organización fue una de las tres que decidió no firmar el acuerdo. Según explicó, Ecopetrol consolidó un modelo de negociación que favorece exclusivamente a la USO y limita la pluralidad sindical. Sobre el presunto blindaje laboral, Ospina afirmó que la empresa otorgó una estabilidad especial a entre 60 y 70 trabajadores que actuaron como negociadores por parte de la administración, incluidos algunos directivos. Nunca antes se había generado un acuerdo de estabilidad laboral excepcional para los negociadores por parte de la empresa, aseguró. Esos beneficios se formalizaron mediante otrosíes a los contratos laborales, con los que los funcionarios quedaron con una estabilidad laboral especial que se extendería hasta 2030 o 2031. A diferencia de ocasiones anteriores, la protección no cobijó únicamente a trabajadores de base: dentro de esas 70 personas hay personas con nivel directivo dentro del área de relaciones sindicales y de la Vicepresidencia de Talento Humano. Ospina indicó que esas actuaciones ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades laborales y judiciales, al considerar que el proceso vulneró la libertad sindical.

Daniel Sossa, tesorero de la Junta Nacional de la USO, salió al paso de la denuncia y sostuvo que la cláusula de estabilidad para los negociadores es una práctica habitual en todas las negociaciones y administraciones anteriores de Ecopetrol. Según Sossa, la responsabilidad que asumen quienes negocian en representación de las partes es alta porque de ese proceso depende parte de la sostenibilidad de la empresa. El dirigente sindical precisó que la figura solo cobija a unos 70 funcionarios de los 9.800 que integran la planta de la compañía. Sin embargo, Sossa admitió que nunca antes ese fuero había alcanzado al cargo de vicepresidente de Talento Organizacional, y diferenció entre la estabilidad laboral del cargo y la facultad de nombramiento, que sigue siendo competencia exclusiva de la Junta Directiva.

Una fuente con conocimiento directo del proceso, consultada bajo reserva de identidad, entregó detalles sobre cómo se gestó la negociación. La Convención Colectiva vigente vencía formalmente en diciembre de 2026, pero la USO activó las comisiones de negociación desde diciembre de 2025, un año antes de lo previsto. Ese adelanto respondió a un acuerdo entre las partes y permitió cerrar la negociación con varios meses de anticipación. La fuente estimó que los costos laborales anuales de Ecopetrol rondan los 7,2 billones de pesos. Las solicitudes extraconvencionales presentadas por la USO sumaban cerca de 6,8 billones adicionales, es decir, casi el equivalente al costo laboral total de la empresa. De haberse aceptado la totalidad del pliego, las erogaciones habrían llegado hasta 90 billones acumulados de aquí a 2030.

El proceso de negociación se estancó en dos puntos hasta una reunión extraordinaria de Junta Directiva realizada el 10 de junio. El primero fue el capítulo de salud, con solicitudes de ampliación de medicamentos y coberturas. El segundo fue la estabilidad laboral. En esa reunión, la administración habría planteado ofrecer el beneficio de estabilidad a los trabajadores con más de 20 años de servicio continuo, mientras la USO buscaba llevar el umbral a 18 años. Finalmente, la empresa cedió y aceptó el umbral de 18 años planteado por el sindicato. El elemento central de la controversia es que la condición de los 18 años de estabilidad también habría cubierto al propio equipo negociador de la empresa, un detalle que no fue puesto en conocimiento de la Junta Directiva junto con el resto de los criterios de la negociación. La mesa negociadora por parte de Ecopetrol fue liderada por Victoria Sepúlveda Ballesteros, vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional del Grupo Ecopetrol.

Ecopetrol y la USO oficializaron el acuerdo definitivo hacia las 4:50 de la madrugada del 13 de junio de 2026, tras varias semanas de negociación que incluyeron un cese de actividades del sindicato. El acuerdo contempla cinco ejes: protección del empleo para trabajadores directos que cumplan 18 años de labores; un capítulo exclusivo para contratistas convencionales y legales; financiación y ejecución de proyectos sociales en La Guajira y Puerto Gaitán; ajustes salariales para trabajadores vinculados bajo régimen legal; y garantías de progresividad para empleados del Mapa de Cargos Operativo. La Junta Directiva Nacional de la USO calificó el resultado como un cierre victorioso. Durante el conflicto, Ecopetrol activó un plan de contingencia para garantizar la continuidad operativa y el abastecimiento de combustibles en el país.