El dinero, la atención y los recursos estaban enfocados en la pandemia
En las últimas semanas de mayo de 2023, Perú alcanzó un umbral doloroso: más de cien mil personas contagiadas de dengue y ciento treinta y un vidas perdidas, entre ellas doce niños. El brote, el más grave en años, revela cómo las crisis sanitarias dejan cicatrices invisibles —presupuestos recortados, sistemas debilitados, vigilancia abandonada— que solo se hacen visibles cuando otra enfermedad golpea con fuerza. Lima, ciudad que alguna vez registró apenas once casos en una temporada, suma ahora más de diez mil, recordándonos que ningún territorio urbano es inmune cuando las condiciones de prevención se erosionan.
- Con 106,179 contagios y un aumento del 154% respecto al año anterior, el dengue en Perú ha dejado de ser una emergencia regional para convertirse en una crisis nacional de proporciones históricas.
- Lima Metropolitana, que en 2018 registró apenas once casos, acumula ahora más de diez mil en veinte semanas, con distritos populosos como San Juan de Lurigancho desbordados y las fumigaciones corriendo detrás de un virus que ya se adelantó.
- El sistema de salud enfrenta la tormenta con las manos atadas: presupuestos aún reducidos por la pandemia, escasez de pruebas diagnósticas en La Libertad y gremios profesionales excluidos de las mesas de decisión.
- Las autoridades anuncian medidas —ciento cuarenta contratados para control larvario en Tumbes, equipos de EsSalud desplegados en Lambayeque— pero los expertos advierten que los recursos llegan tarde, cuando el mosquito ya encontró terreno fértil en un país con la guardia baja.
En la última semana de mayo de 2023, Perú cruzó un umbral que nadie quería alcanzar: 106,179 casos confirmados de dengue, 1,679 hospitalizados y 131 muertos, entre ellos doce niños distribuidos en seis regiones del país. Era el peor brote en años, y los números contradecían las declaraciones oficiales de que la situación estaba bajo control.
Piura encabezaba el ranking con casi 31,000 contagios, seguida por Lima Metropolitana con más de 10,600. La capital vivía un fenómeno sin precedentes: de apenas once casos en 2018 había saltado a más de diez mil en veinte semanas. Los distritos de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores concentraban cerca de cuatro mil casos entre ambos, y las labores de fumigación del Ministerio de Salud no lograban seguir el ritmo de la propagación.
Detrás de las cifras había una explicación estructural. Durante la pandemia de COVID-19, los presupuestos para otras enfermedades se recortaron drásticamente. Cuando el dengue resurgió, el sistema intentaba recuperarse con fondos aún limitados. En La Libertad escaseaban las pruebas de diagnóstico; en Lambayeque, EsSalud desplegó especialistas de emergencia para atender más de dos mil casos en apenas diez días.
Los gremios profesionales de salud denunciaron que no habían sido convocados a diseñar estrategias contra el brote. Sonia Delgado, decana del Colegio Químico Farmacéutico, argumentó que su experiencia en abastecimiento de medicamentos podría mejorar la respuesta estatal. Mientras tanto, el Gobierno anunció la contratación de 140 personas para control larvario en Tumbes, financiadas con más de 34 millones de soles. Eran medidas que llegaban cuando el virus ya había infectado a más de cien mil personas, y el mosquito Aedes Aegypti seguía encontrando espacios para reproducirse en un país con los sistemas de prevención debilitados por años de crisis.
En la última semana de mayo de 2023, Perú había cruzado un umbral que nadie quería alcanzar. Los números de dengue superaban los cien mil casos confirmados—106,179 exactamente, según los registros del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Mil seiscientos setenta y nueve personas estaban hospitalizadas. Ciento treinta y uno habían muerto. Entre los fallecidos había doce niños, distribuidos en seis regiones: uno en Huánuco, uno en Lambayeque, uno en Junín, dos en La Libertad, dos en Piura y cinco en Ucayali. Era el peor brote de dengue que el país había registrado en años.
La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, había declarado públicamente que el problema estaba controlado. Las cifras decían otra cosa. Comparadas con el mismo período del año anterior, los contagios habían aumentado un 154 por ciento. En Lima, la cifra era aún más alarmante: mil doce por ciento más que en 2022. Piura encabezaba el ranking nacional con treinta mil novecientos ochenta y siete casos, seguida por Lima Metropolitana con diez mil seiscientos cincuenta y dos, Lambayeque con nueve mil ochocientos noventa y ocho, e Ica con nueve mil seiscientos noventa y nueve. Loreto y Ucayali completaban el grupo de regiones más afectadas. Del total de contagiados, casi cincuenta y ocho mil eran mujeres y cerca de cuarenta y ocho mil eran hombres.
La capital experimentaba un fenómeno sin precedentes. En 2017 había registrado trescientos sesenta y dos casos en el mismo período. En 2018, apenas once. Luego vino un leve repunte en 2019 con cuarenta y seis casos, un salto a trescientos cincuenta en 2020, mil ciento noventa en 2021 y novecientos treinta y ocho en 2022. Pero en 2023, en apenas veinte semanas, ya había llegado a diez mil cuatrocientos treinta y uno. Los distritos de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores concentraban casi cuatro mil casos entre ambos. Ate, Comas, Lurigancho y Puente Piedra sumaban miles más. El Ministerio de Salud había iniciado labores de fumigación en algunos de estos lugares, pero la velocidad de propagación superaba las medidas de contención.
Los expertos señalaban las causas. Myrian Fiestas Mogollón, directora regional de Salud en Piura, explicó que durante la pandemia de COVID-19 los presupuestos para otras enfermedades se habían reducido drásticamente. Cuando las actividades se reanudaron en 2022, los fondos asignados seguían siendo limitados. El dinero, la atención y los recursos humanos habían estado enfocados casi exclusivamente en la pandemia durante años. Ahora, cuando el dengue resurgía con fuerza, el sistema de salud estaba intentando recuperarse con presupuestos aún reducidos. En La Libertad, las pruebas de descarte para confirmar casos estaban escaseando. La vicegobernadora Johana Cabrera anunció que esperaban un nuevo lote a partir de la primera semana de junio. En Lambayeque, EsSalud había desplegado un equipo de especialistas desde el Hospital Perú para atender más de dos mil casos entre el veinticuatro de mayo y el dos de junio.
Sonia Delgado, decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, hizo un llamado al Gobierno. Su organización, junto con el Colegio Médico y el Colegio de Enfermeras, no había sido convocada para participar en la elaboración de estrategias contra el dengue. Delgado argumentó que los gremios profesionales tenían experiencia en compras y abastecimiento de medicamentos que podría mejorar la respuesta estatal. El Ministerio de Salud había descartado que hubiera desabastecimiento de medicamentos básicos como suero y paracetamol en Piura, asegurando que sus almacenes contaban con existencias verificadas. Pero la realidad en el terreno parecía más compleja que los comunicados oficiales.
La viceministra de Salud Pública, Karim Pardo, anunció que se contratarían ciento cuarenta personas para labores de control larvario y fumigación en Tumbes. El contrato tendría una duración de cuatro meses y sería financiado con más de treinta y cuatro millones de soles, según el Decreto Supremo que había ampliado la declaración de emergencia sanitaria por el brote de dengue. Eran medidas que llegaban tarde, después de que el virus ya había infectado a más de cien mil personas. El mosquito Aedes Aegypti, responsable de la transmisión, seguía encontrando espacios para reproducirse en un país donde los sistemas de vigilancia y prevención habían sido desmantelados o debilitados durante años de crisis sanitaria.
Citas Notables
Nosotros tenemos controlado el problema— Ministra de Salud Rosa Gutiérrez
Durante la pandemia todo era COVID-19 y no había otra cosa que no fuese enfrentarlo, por eso es que no solo el dengue fue abandonado, sino muchas de las enfermedades crónicas— Myrian Fiestas Mogollón, directora regional de Salud en Piura
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué Lima, que históricamente no ha sido una zona de dengue, de repente tiene mil veces más casos que hace un año?
Porque durante la pandemia nadie estaba vigilando el mosquito. Los presupuestos se fueron a COVID, los equipos de fumigación se disolvieron, y cuando todo volvió a la normalidad, el virus encontró una ciudad llena de criaderos sin control.
La ministra dijo que el problema estaba controlado. ¿Eso es mentira o simplemente no sabía?
Probablemente ambas cosas. Los números oficiales que ella veía quizá no reflejaban la realidad en las calles, o simplemente no quería admitir que el sistema estaba desbordado.
¿Por qué los gremios de farmacéuticos no fueron invitados a ayudar?
Eso es lo que Sonia Delgado no entiende. Tienen expertise en abastecimiento, pero nadie los llamó. Es un síntoma de que la respuesta fue improvisada, no coordinada.
¿Qué pasó con los niños que murieron?
Doce niños en total. Algunos en regiones remotas como Ucayali donde el acceso a hospitales es difícil. Otros en zonas urbanas donde debería haber habido mejor atención. Todos evitables si el sistema hubiera estado preparado.
¿Esto va a mejorar?
Contratar ciento cuarenta personas para fumigación en Tumbes es un gesto, pero llega tarde. El dengue ya está en cien mil personas. Ahora es contención, no prevención.