Buscaban justicia donde sus propias instituciones las habían abandonado
Desde un tribunal en Brooklyn, cinco familias venezolanas han llevado su duelo al terreno del derecho internacional, demandando civilmente a Nicolás Maduro por la muerte de sus hijos durante operativos de seguridad entre 2017 y 2020. Amparadas en una ley estadounidense de 1991, estas familias buscan lo que Venezuela no les ha dado: un espacio donde el poder rinda cuentas. El caso plantea una de las preguntas más difíciles del derecho moderno: ¿puede un jefe de Estado ser juzgado en suelo extranjero por crímenes cometidos contra su propio pueblo?
- Cinco familias venezolanas acusan a Maduro de ordenar ejecuciones extrajudiciales que mataron a sus hijos, enmarcadas en operativos que habrían cobrado al menos 1.300 vidas.
- Los demandantes usan nombres ficticios para protegerse de represalias, lo que revela el miedo persistente que rodea a quienes se atreven a señalar al Estado venezolano.
- La demanda se apoya en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de EE.UU., una herramienta jurídica poco utilizada que permite acciones civiles contra funcionarios extranjeros.
- El mayor obstáculo legal será determinar si Maduro puede escudarse en la inmunidad presidencial, aunque los abogados citan precedentes que podrían permitir que el caso avance.
- Para estas familias, la victoria no es económica: es simbólica, un intento de quebrar la impunidad que los tribunales venezolanos no han podido —o querido— enfrentar.
En un tribunal federal de Brooklyn, cinco familias venezolanas presentaron una demanda civil contra Nicolás Maduro, acusándolo de haber autorizado una campaña de asesinatos sistemáticos que mató a sus hijos entre 2017 y 2020. Entre los demandantes hay tres madres, un padre y una mujer que perdió a dos hermanos. Todos optaron por usar seudónimos para protegerse de posibles represalias.
La acción legal se sustenta en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, una norma estadounidense de 1991 que permite demandar civilmente a funcionarios extranjeros por torturas o ejecuciones. Los abogados del caso, entre ellos Michael Reed Hurtado del Centro Guernica 37, ven en esta vía una oportunidad de justicia cuando los sistemas locales han fallado.
Uno de los jóvenes tenía 20 años cuando agentes irrumpieron en su casa durante una redada en 2017. Según vecinos citados en la demanda, los disparos se escucharon horas después del operativo, lo que los abogados interpretan como un posible montaje. Otra madre afirma que su hijo fue asesinado dentro de su propia habitación y que los agentes saquearon la vivienda tras su muerte.
La demanda conecta estos cinco casos con una estrategia represiva más amplia. Al menos 1.300 muertes han sido atribuidas a fuerzas de élite como las Faes durante ese período. Un informe de la ONU citado en el expediente concluyó que las fuerzas venezolanas causaron miles de muertes entre 2018 y 2019 y alteraron escenas del crimen para simular resistencia armada. Maduro, sin embargo, respaldó públicamente a las Faes en múltiples ocasiones.
El principal desafío jurídico será determinar si Maduro puede invocar inmunidad presidencial. Los abogados creen que hay precedentes favorables. Para las familias, el objetivo va más allá de una compensación: quieren romper la impunidad que Venezuela no ha querido enfrentar, usando el sistema legal estadounidense como un mecanismo de justicia cuando las instituciones propias han callado.
En un tribunal federal de Brooklyn, cinco familias venezolanas han presentado una demanda civil contra Nicolás Maduro acusándolo de autorizar y ejecutar una campaña de asesinatos sistemáticos que se cobró la vida de sus hijos entre 2017 y 2020. Los demandantes —tres madres, un padre y una mujer que perdió a dos hermanos— buscan responsabilizar al mandatario por lo que describen como ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo el disfraz de operativos de seguridad en Caracas y otras ciudades venezolanas.
La acción legal se ampara en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, una norma estadounidense de 1991 que permite a civiles presentar demandas contra funcionarios extranjeros acusados de torturas o ejecuciones fuera de los procedimientos penales tradicionales. Los abogados que impulsan el caso, incluyendo a Michael Reed Hurtado del Centro Guernica 37, consideran que esta vía abre una puerta hacia la justicia cuando los sistemas locales han fallado. El caso es inusual porque intenta exigir responsabilidades a un jefe de Estado ante tribunales estadounidenses, un terreno jurídico poco explorado.
Uno de los cinco jóvenes cuya muerte motiva la demanda tenía 20 años cuando agentes armados irrumpieron en su casa durante una redada en 2017. Según relatos de vecinos recogidos en la demanda, se escucharon disparos horas después del operativo, circunstancia que los abogados interpretan como un posible montaje para simular un enfrentamiento armado. El joven aparece en los documentos judiciales bajo el seudónimo de 'John Doe 3'. Otra madre demandante afirma que su hijo fue asesinado dentro de su propia habitación y que agentes policiales saquearon la vivienda después de su muerte. Los familiares optaron por usar nombres ficticios para protegerse de posibles represalias.
La demanda vincula estos cinco casos a una estrategia más amplia de represión. Según la acción legal, al menos 1.300 muertes han sido atribuidas a fuerzas de seguridad de élite durante el período investigado. Estos operativos se ejecutaron bajo el nombre de Operación de Liberación y Protección del Pueblo, que posteriormente evolucionó hacia las Fuerzas de Acciones Especiales, conocidas como Faes. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas, citado en la demanda, concluyó que las fuerzas de seguridad venezolanas causaron miles de muertes entre 2018 y 2019 y, en varios casos, alteraron escenas de crimen para simular que las víctimas habían ofrecido resistencia.
A pesar de las denuncias internacionales sobre estos abusos, Maduro respaldó públicamente a las Faes en múltiples ocasiones. El gobierno venezolano ha rechazado consistentemente las conclusiones de organismos internacionales sobre derechos humanos y no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre esta demanda específica. Los abogados de los demandantes reconocen que la batalla legal más importante será determinar si Maduro puede invocar inmunidad presidencial por actos cometidos durante su mandato. Sin embargo, consideran que existen precedentes legales que podrían favorecer el avance del caso.
Para las familias demandantes, el objetivo trasciende la compensación económica. Buscan romper la impunidad que, según sostienen, ha impedido que obtengan justicia dentro de Venezuela. El Centro Guernica 37, organización que impulsa el caso, se dedica a promover la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos. La demanda representa un intento de utilizar el sistema legal estadounidense como un mecanismo de justicia transicional cuando las instituciones venezolanas no han proporcionado respuestas. En los próximos meses, los tribunales estadounidenses determinarán si esta vía es viable y si un jefe de Estado puede ser juzgado civilmente en suelo norteamericano por crímenes de lesa humanidad cometidos en su país.
Citações Notáveis
El proceso refleja la determinación de las familias para enfrentar los abusos de poder y reclamar que nadie esté por encima de la ley— Michael Reed Hurtado, abogado del Centro Guernica 37
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué estas familias decidieron presentar la demanda en Estados Unidos y no en Venezuela?
Porque en Venezuela no hay esperanza de justicia. Los tribunales están controlados, los fiscales no investigan, y las fuerzas de seguridad actúan sin consecuencias. La Ley de Protección a las Víctimas de Tortura les ofrece un espacio donde al menos pueden ser escuchadas.
¿Qué tan probable es que Maduro comparezca ante este tribunal?
Muy poco probable. Pero eso no es el punto. El punto es que queda un registro legal, una acusación formal, y que el mundo sepa que alguien está intentando responsabilizarlo.
¿Cuál es el obstáculo legal más grande que enfrenta el caso?
La inmunidad presidencial. Los abogados de Maduro argumentarán que como jefe de Estado no puede ser juzgado por actos cometidos en ejercicio de sus funciones. Pero hay precedentes internacionales que sugieren que los crímenes de lesa humanidad podrían ser la excepción.
¿Qué significa para estas madres que usen seudónimos?
Significa que todavía tienen miedo. Aunque estén fuera de Venezuela o en el exilio, temen represalias contra familiares que quedaron atrás. Es un reflejo de cuánta violencia ha dejado esta represión.
¿Qué pasaría si ganan?
Establecerían un precedente importante: que un jefe de Estado puede ser responsabilizado civilmente en otro país por ejecuciones extrajudiciales. Pero para estas familias, lo más importante es que sus hijos no sean olvidados, que sus muertes no queden impunes.