No hubo perjuicio, sino un superávit de casi 13.000 euros
En el marco de un proceso judicial que alcanza al entorno más cercano del presidente del Gobierno español, la defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial que invierte la lógica de la acusación: donde la fiscalía ve daño económico a la Universidad Complutense, la defensa muestra un superávit de casi 13.000 euros. El debate no es solo contable, sino filosófico y jurídico: ¿puede considerarse perjuicio gastar, en su destino previsto, el dinero que otros pusieron a tu disposición? La respuesta a esa pregunta podría determinar si uno de los cargos más graves —la malversación de fondos públicos— tiene o no sustento real.
- El juez ya ha propuesto llevar a Gómez a juicio por tráfico de influencias, corrupción y malversación, lo que convierte cada informe pericial en una pieza de alto riesgo procesal.
- La acusación sostiene que la universidad perdió más de 113.000 euros en el desarrollo de un software vinculado a la cátedra codirigida por Gómez, un argumento que la defensa califica de distorsión contable.
- El informe pericial revela que los fondos gastados no eran dinero público de la Complutense, sino aportaciones de empresas privadas como La Caixa, Google y Reale Seguros, destinadas expresamente a financiar la cátedra.
- Lejos de un déficit, la defensa calcula que la universidad obtuvo 12.856 euros más de lo que gastó en costes internos, convirtiendo el supuesto perjuicio en ganancia neta.
- Con este tercer informe, la estrategia defensora apunta directamente al corazón del cargo de malversación: si no hubo dinero público perdido, el delito pierde su premisa fundamental.
La defensa de Begoña Gómez ha presentado ante el juez Juan Carlos Peinado un nuevo informe pericial firmado por Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, que contradice frontalmente la acusación de perjuicio económico a la Universidad Complutense. Según el documento, la cátedra que codirigió Gómez no solo no causó daño a la institución, sino que generó un superávit de 12.856 euros.
El informe surge como respuesta directa a la decisión de la Complutense de constituirse como perjudicada en la causa, alegando un gasto de 113.509 euros en el desarrollo de un software vinculado a la Cátedra de Transformación Social y Competitiva. La defensa rebate esa cifra con un argumento de fondo: la universidad no empleó fondos propios, sino 158.400 euros aportados por empresas privadas —La Caixa, Reale Seguros, Google, Manpower y Numitec— para financiar exactamente esas actividades. Gastar ese dinero en su propósito previsto no es un perjuicio; es, según el informe, una obligación legal.
Los números que ofrece la defensa reconfiguran el relato contable: de los fondos recibidos, 108.765 euros se destinaron a los fines acordados, y las propias empresas aportaron 17.600 euros adicionales para cubrir costes de personal de la universidad, cuando el gasto real en ese concepto fue de apenas 4.743 euros. La Intervención de la Complutense confirmó además que la institución recibió el diez por ciento que le correspondía de las aportaciones de los patrocinadores.
Este es el tercer informe pericial presentado por la defensa desde que el juez cerró la instrucción el 11 de abril y propuso juzgar a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. También fueron procesadas Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Con este nuevo análisis financiero, la defensa busca desmontar uno de los pilares del caso: si el dinero gastado no era público y la universidad terminó con saldo positivo, el cargo de malversación queda sin base sólida.
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado ante el juez Juan Carlos Peinado un informe pericial que desafía directamente la acusación central contra ella: que su trabajo en la Universidad Complutense causó daño económico a la institución. Según el documento, firmado por Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, no hubo perjuicio alguno. Al contrario, la cátedra que codirigió Gómez dejó un superávit de casi 13.000 euros.
El informe responde a un paso procesal específico: el juez ofreció a la Complutense la posibilidad de constituirse como perjudicada en la causa, y la universidad aceptó, presentando sus propias cuentas. Alegó haber gastado 113.509 euros en desarrollar el software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva. La defensa ahora cuestiona esa cifra y su interpretación legal. El argumento central es que la universidad no invirtió dinero propio. Recibió 158.400 euros de empresas privadas —La Caixa, Reale Seguros, Google, Manpowet y Numitec— específicamente para financiar las actividades de la cátedra, incluida la creación del software. Gastar esos fondos en su propósito previsto no constituye un perjuicio, sostiene el informe. Es, de hecho, una obligación legal.
Los números que presenta la defensa trazan un cuadro distinto del que ofrece la acusación. De los 158.400 euros recibidos de las empresas, 108.765 euros se destinaron a la finalidad para la que estaban previstos. Además, esas mismas entidades privadas aportaron 17.600 euros adicionales para cubrir gastos de personal y dirección de la universidad aplicados a la cátedra. El gasto real de la Complutense en esos conceptos fue de solo 4.743 euros. La diferencia —12.856 euros— es el superávit que reclama la defensa. No es que la universidad haya perdido dinero. Es que ha recibido más de lo que ha gastado en concepto de costes internos.
El informe subraya que todo el gasto se ejecutó conforme a la normativa presupuestaria y de contratación vigente. La Intervención de la Complutense confirmó que la institución recibió el 10 por ciento que le correspondía del total de las aportaciones de los patrocinadores. El argumento de la defensa es que la universidad no pierde fondos propios cuando ejecuta dinero que terceros han puesto a su disposición para un fin específico. Si no hubiera gastado esos fondos en lo acordado, sería la Complutense la que habría causado perjuicio a los patrocinadores, obligada a restituir la financiación recibida.
Este es el tercer informe pericial que presenta la defensa de Gómez en relación con esta causa. El juez cerró la instrucción el 11 de abril y propuso llevar a Gómez a juicio por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. También procesó a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos, y al empresario Juan Carlos Barrabés por dos de ellos. El magistrado archivó las actuaciones por intrusismo profesional. Ahora, con este nuevo informe sobre las cuentas de la cátedra, la defensa intenta desmontar uno de los pilares de la acusación: que hubo daño económico a una institución pública. Si el dinero que se gastó no era de la universidad sino de empresas privadas, y si además la universidad obtuvo un saldo positivo, entonces la premisa del delito de malversación se tambalea.
Citações Notáveis
La cuantificación realizada por la UCM es incorrecta, ya que no se le ha causado perjuicio alguno— Informe de la defensa de Begoña Gómez
El dinero recibido de las entidades privadas se ha destinado a la finalidad prevista, y esto no era una opción sino una obligación— Informe pericial presentado ante el juez
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué importa tanto este informe si el juez ya ha decidido llevar a Gómez a juicio?
Porque cambia el relato sobre los hechos. Si la defensa logra convencer al tribunal de que no hubo daño económico, desmorona la acusación de malversación de fondos públicos. Es una de las cuatro acusaciones principales.
Pero la universidad dice que gastó 113.000 euros. ¿Cómo puede haber superávit?
Porque el dinero que se gastó no era de la universidad. Vino de empresas privadas. La defensa argumenta que usar fondos ajenos para su propósito previsto no es un perjuicio. Es cumplir un contrato.
¿Y la universidad está de acuerdo con eso?
No. La Complutense presentó su propio informe diciendo que sí hubo daño. Pero la defensa cuestiona cómo la universidad contabilizó los gastos. Dice que mezcló dinero privado con dinero público en su análisis.
¿Quién decide cuál de los dos informes es correcto?
El tribunal. Ahora tiene dos versiones contradictorias de los mismos números. El juicio dirá cuál interpretación legal es válida.
¿Esto significa que Gómez podría no ir a juicio?
No. El juez ya decidió procesarla. Este informe es parte de la defensa en el juicio, no una razón para no celebrarlo. Pero sí puede influir en la sentencia.