Un jefe criminal débil y aislado que busca salvarse antes de que sea demasiado tarde
Alias Castor, recluido en Cómbita, enfrenta debilitamiento interno y es retado por disidencia 'La Nueva Generación' que le ha quitado territorio y rentas. Investigador de Universidad del Norte confirma autenticidad de carta de seis páginas donde criminal enumera supuestos compromisos de desescalamiento de violencia.
- Alias Castor, recluido en cárcel de Cómbita, Boyacá, bajo medidas de seguridad estrictas
- Aceptó responsabilidad en 95 homicidios en Barranquilla y Soledad; condenado a 26 años y 4 meses
- Enfrenta disputa interna con disidencia 'La Nueva Generación' que le ha quitado territorio y rentas
- Carta de seis páginas dirigida a presidente electo De la Espriella y ministro de Justicia Iván Cancino
- Bajo Justicia y Paz, pena máxima sería 8 años; Castor ya ha cumplido aproximadamente ese tiempo
El máximo jefe de Los Costeños envía carta al presidente electo De la Espriella solicitando acogerse a proceso de sometimiento, en contexto de debilitamiento organizacional y disputa interna con disidencia criminal.
Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido en el mundo criminal como alias Castor, está en una posición que no esperaba hace años: pidiendo clemencia. Desde la cárcel de Cómbita en Boyacá, donde permanece bajo medidas de seguridad estrictas, el máximo jefe de Los Costeños envió una carta de seis páginas al presidente electo Abelardo De la Espriella y al ministro de Justicia designado Iván Cancino. En ella solicita formalmente que el nuevo gobierno le permita acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia, ofreciendo a cambio lo que dice es un historial de cumplimiento en materia de desescalamiento de violencia en la región Caribe.
Pero esta no es una posición de fortaleza. Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, confirmó la autenticidad del documento y explicó el contexto que lo rodea: Castor está débil, aislado, y su organización se desmorona desde adentro. Los Costeños enfrentan una disputa interna con una disidencia llamada La Nueva Generación que no solo le ha arrebatado territorio, sino también las rentas criminales que alguna vez controlaba. En Barranquilla, el contexto criminal ha cambiado de manera fundamental, y el jefe que una vez dominó la ciudad ahora lucha por mantener su autoridad.
En la carta, Castor intenta construir un argumento de buena fe. Enumera entregas de armamento, acciones de pacificación, y contribuciones al esclarecimiento de hechos violentos en varios departamentos. Escribe: "Los datos estadísticos, las entregas físicas de armamento y las reiteradas acciones de pacificación que acabo de exponer constituyen la prueba irrefutable de que yo, Jorge Eliécer Díaz Collazos, he cumplido con creces cada uno de los compromisos de buena fe orientados a generar un alivio humanitario real en el Caribe colombiano". Sin embargo, Trejos cuestionó la cifra de dos mil integrantes que Castor menciona en el documento, considerándola exagerada frente a la realidad criminal del área metropolitana.
El trasfondo judicial es complejo. Este año, Castor suscribió un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó responsabilidad en noventa y cinco homicidios cometidos en Barranquilla y Soledad, lo que resultó en una condena de veintiséis años y cuatro meses de prisión. Pero si el nuevo gobierno aprobara una ley de sometimiento bajo la figura de Justicia y Paz, el panorama cambiaría radicalmente. Bajo esa estructura, la pena máxima sería de ocho años, y Castor ya ha cumplido aproximadamente ese tiempo en reclusión. Podría recuperar su libertad en el corto plazo.
Trejos sugiere que el gobierno debería ver en esta disposición una oportunidad estratégica más allá del simple sometimiento. La colaboración de Castor podría permitir identificar las economías ilegales que operan en Barranquilla, los testaferros que las sostienen, los mecanismos de lavado de activos, e incluso los funcionarios públicos que han colaborado con la organización. El investigador propone convertirlo en un "informante privilegiado", con la debida verificación de información en medio de investigaciones judiciales, siempre que existan garantías de seguridad e incentivos suficientes.
La propuesta de Castor se alinea con los anuncios que De la Espriella hizo durante su campaña sobre una política de sometimiento para estructuras criminales. El ministro de Justicia ya ha anunciado un proyecto de ley de sometimiento que serviría como marco jurídico para eventuales negociaciones con grupos armados organizados. Los primeros procesos formales podrían comenzar a tomar forma una vez ese proyecto sea presentado al Congreso. Pero antes de cualquier avance, la Fiscalía y la Oficina de Seguridad del Distrito deberán verificar quiénes realmente hacen parte de Los Costeños, para evitar que aparezcan falsos integrantes buscando beneficios judiciales. Lo que suceda en los próximos meses dependerá de si el nuevo gobierno ve en Castor un criminal que merece una segunda oportunidad, o una fuente de inteligencia demasiado valiosa para ignorar.
Citações Notáveis
Los datos estadísticos, las entregas físicas de armamento y las reiteradas acciones de pacificación constituyen la prueba irrefutable de que he cumplido con creces cada uno de los compromisos de buena fe orientados a generar un alivio humanitario real en el Caribe colombiano— Alias Castor, en carta al presidente electo
Está siendo retado por una disidencia, 'La Nueva Generación', de su propio grupo, que ha logrado no solo quitarle renta, sino también territorio que controlaba 'Castor'— Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué un hombre como Castor, que controlaba una organización criminal, de repente pide sometimiento?
Porque ya no controla nada. Está en una cárcel en Boyacá, su propia gente lo está desafiando, le han quitado territorio y dinero. Es un jefe sin poder real.
¿Cree que la carta es genuina o es una estrategia?
El investigador de la Universidad del Norte confirma que es auténtica. Pero eso no significa que sea un gesto de arrepentimiento. Es cálculo puro. Castor sabe que si logra una ley de Justicia y Paz, podría salir libre en años, no décadas.
¿Qué gana el gobierno si lo acepta?
Información. Castor conoce cómo funcionan las economías ilegales en Barranquilla, quiénes son los testaferros, cómo se lava dinero, qué funcionarios están coludidos. Eso vale más que mantenerlo en prisión.
¿Y si miente? ¿Si simplemente inventa información para salir?
Por eso el investigador insiste en que debe haber verificación rigurosa de todo lo que diga, dentro de investigaciones judiciales reales. No es confiar en su palabra. Es usar su conocimiento bajo supervisión.
¿Qué pasa con las víctimas de esos noventa y cinco homicidios que aceptó?
Esa es la pregunta más difícil. Castor aceptó responsabilidad, pero una ley de sometimiento podría reducir su pena drásticamente. Para las familias de las víctimas, eso es una injusticia.
¿Entonces el gobierno está en una posición imposible?
No imposible, pero sí complicada. Tiene que elegir entre justicia retributiva y justicia transicional. Entre castigo y información. Y esa decisión afecta a mucha gente.