Noboa crea en secreto una base de perfiles genéticos de presos mediante engaños

El Gobierno de Daniel Noboa está construyendo en las sombras un archivo de perfiles genéticos de los presos ecuatorianos. Tres fuentes oficiales confirmaron a El País que los funcionarios obtienen estas muestras de ADN mediante un engaño sistemático: les dicen a los internos que el material biológico les ayudará a ser identificados si mueren en un motín o si alguien suplanta su identidad. Lo que no les cuentan es que tienen derecho legal a rechazar el procedimiento, y que esa información genética puede usarse para vincularlos con crímenes que cometieron en el pasado o que cometerán en el futuro.

Noboa, empresario de 36 años e hijo del hombre más rico del país, llegó a la presidencia en noviembre de 2023 con una promesa: recuperar el control de un Estado que las pandillas gobernaban desde adentro de las cárceles. En enero de este año, los pandilleros asaltaron un plató de televisión en vivo y sembraron el pánico en Guayaquil con tiroteos y secuestros. El presidente decretó estado de excepción y sacó al Ejército a las calles. En apenas dos meses, los homicidios se redujeron a la mitad. Los militares también entraron en las prisiones. Todavía no controlan todas, pero dominan la mayoría. Y fue en ese momento, cuando el Gobierno recuperó acceso a los pabellones, cuando comenzó el registro genético.

Los forenses recibieron instrucciones precisas sobre cómo realizar un hisopado bucal. En la cárcel de Cotopaxi, cerca de Quito, con 4.346 internos, apenas unos pocos se negaron. En Riobamba, en la sierra andina, toda la población carcelaria fue registrada. Las instrucciones a los forenses fueron explícitas: "No les deben leer los consentimientos a los PPL, ellos ni los entienden". El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad rehusó responder las preguntas de El País.

Un testigo presencial describió el procedimiento en la prisión regional de Guayaquil el viernes pasado. Un policía recibía a los presos y les pedía que llenaran un formulario sin explicación. Luego pasaban a una mesa donde les asignaban un código y les tomaban una fotografía. Después, otros policías introducían sus datos en una computadora. Finalmente, un perito realizaba el hisopado y almacenaba la muestra respetando la cadena de custodia. Cuando alguien preguntaba qué era, le decían que eran huellas digitales para identificación. "¿O sea, por si acaso nos desmiembran?", preguntó más de uno. Les respondieron que sí, y el procedimiento continuó.

El ADN efectivamente puede servir para identificar a presos asesinados en motines. En Ecuador, esa violencia es extraordinaria: decapitaciones, desmembramientos, quema de cadáveres. Pero lo que se oculta a los internos es que esos registros pueden vincularlos con crímenes futuros o pasados. Un preso condenado por homicidio que entregue su material genético podría descubrir que sus muestras coinciden con las de un caso de violación. Normalmente, solo un juez o fiscal puede solicitar un perfil genético. El porcentaje de personas que accede voluntariamente a proporcionar esta información es muy bajo en los juzgados, según expertos. Que el Gobierno haya convencido a prácticamente toda la población carcelaria resulta más que sospechoso.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos que monitorea las cárceles, no conocía esta operación. "Se estaría violando el derecho a la salud", dijo. "Esos datos sensibles deben estar bajo absoluta reserva y ser consentidos, y proporcionados de forma voluntaria. La persona debería estar acompañada o por lo menos asesorada de su representante legal". Insistió en que el Ministerio de Salud Pública es la única entidad que debería garantizar éticamente el acceso a información tan delicada.

El Gobierno también busca evitar casos como el de Leandro Norero, alias El Patrón, un capo del narcotráfico que en 2020 fingió su muerte por covid-19 para evadir a las autoridades peruanas. Años después, fue encontrado vivo en una mansión en Samborondón. Se le encarceló nuevamente y en octubre de 2022 murió de nuevo, supuestamente desmembrado e incinerado por la banda rival Los Lobos en Cotopaxi. Pero la policía sospecha que fue otro engaño. La identificación se hizo con análisis antropológico forense —descripciones de familiares, tatuajes, cicatrices— no con perfil genético, porque no existía. Sin ese perfil biológico no se puede asegurar al cien por cien que el criminal haya muerto. Los cambios de identidad mediante cirugía plástica y los entierros fingidos son artimañas habituales de los capos de la droga.