Con show mediáticos no se van a superar las acciones de esas organizaciones criminales
En las primeras horas del 4 de octubre, cinco vidas se apagaron en un callejón de Siloé, el barrio caleño que desde hace décadas carga con el peso del abandono y la disputa territorial. La masacre, la número 83 del año en Colombia según Indepaz, no es solo un crimen: es el síntoma de una ciudad que siente que sus instituciones locales han agotado sus respuestas. Ante ese vacío, voces del Concejo de Cali elevan su llamado hacia Bogotá, preguntando si el Estado nacional está dispuesto a acompañar lo que el Estado local ya no puede sostener solo.
- Cinco hombres fueron ejecutados en el callejón El Hueco de Siloé en la madrugada del martes, en lo que las autoridades describen como un ajuste de cuentas entre bandas que se disputan el narcotráfico y el control territorial.
- La masacre encendió la indignación del Concejo de Cali, cuyos miembros denuncian que tres secretarios de seguridad han pasado por la administración Ospina sin que la violencia ceda un milímetro.
- Concejales exigen que el presidente Gustavo Petro intervenga directamente en Cali, tal como lo hizo en Bogotá junto a Claudia López en septiembre, argumentando que la crisis ya superó la capacidad de respuesta local.
- El alcalde Ospina reconoció que el orden público es 'un problema muy complicado', ofreció una recompensa de 100 millones de pesos y designó un fiscal especial enviado desde Bogotá para investigar el caso.
- Siloé, zona históricamente sin infraestructura de seguridad y con dominio criminal arraigado desde el paro nacional de 2021, sigue siendo un territorio donde el Estado llega tarde y con poco.
En la madrugada del martes 4 de octubre, cinco personas fueron asesinadas en el callejón El Hueco del barrio Brisas de Mayo, en la comuna 20 de Cali, la zona conocida como Siloé. Las víctimas identificadas fueron Carlos Andrés Jiménez, Arley Sánchez, Víctor Alfonso Castro Cabezas, Esteban David Vásquez y un hombre de 55 años cuya identidad no ha sido confirmada. El alcalde Jorge Iván Ospina atribuyó los hechos a represalias entre bandas criminales que disputan el control territorial para el tráfico de drogas.
La respuesta institucional no tardó en llegar, pero tampoco convenció. Ospina convocó un consejo de seguridad esa misma mañana, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos y designó un fiscal especial enviado desde Bogotá. Sin embargo, los concejales de la ciudad rechazaron estas medidas como insuficientes. La concejala Ana Leidy Erazo señaló que la administración ya ha tenido tres secretarios de seguridad sin resultados tangibles, mientras que el concejal Fabio Alonso Arroyave exigió la presencia directa del presidente Gustavo Petro, comparando la situación con la intervención que el mandatario realizó en Bogotá junto a la alcaldesa Claudia López en septiembre.
El concejal Roberto Rodríguez Zamudio fue más lejos al señalar que la intensificación criminal en Cali se agudizó tras el paro nacional de 2021, y que organizaciones delincuenciales de alcance internacional se han posicionado en la ciudad. Para él, la solución exige presencia conjunta del ejército y la policía en las zonas más críticas, no medidas superficiales.
Siloé es un territorio históricamente marginado, con escasa infraestructura de seguridad pública y con grupos criminales que ejercen dominio prolongado sobre sus calles. La masacre del 4 de octubre fue registrada por Indepaz como la número 83 del año en Colombia, una cifra que retrata la magnitud de una crisis que desborda a las instituciones locales y que, según los concejales, ya reclama una respuesta desde el más alto nivel del Estado.
En la madrugada del martes 4 de octubre, cinco personas fueron asesinadas en el callejón El Hueco, ubicado en el barrio Brisas de Mayo dentro de la comuna 20 de Cali, en la zona conocida como Siloé. Los muertos fueron identificados como Carlos Andrés Jiménez, Arley Sánchez, Víctor Alfonso Castro Cabezas, Esteban David Vásquez y un hombre de 55 años cuya identidad aún permanece sin confirmar. El alcalde Jorge Iván Ospina atribuyó el hecho a enfrentamientos entre bandas criminales que disputan el control territorial de la zona para ejercer el tráfico de estupefacientes, sugiriendo que se trató de represalias y ajustes de cuentas entre organizaciones delincuenciales.
Aunque Ospina convocó a un consejo de seguridad la mañana del martes para abordar la situación, los concejales de la ciudad expresaron su inconformidad con las medidas adoptadas. Varios ediles comenzaron a exigir la intervención directa del presidente Gustavo Petro, argumentando que la crisis de seguridad en Cali requería un nivel de atención similar al que el mandatario había brindado a Bogotá a inicios de septiembre, cuando trabajó junto a la alcaldesa Claudia López. El concejal Fabio Alonso Arroyave fue uno de los más enfáticos en esta solicitud, señalando que la situación en Cali no podía esperar más y demandaba la presencia del gobierno nacional.
La concejala Ana Leidy Erazo cuestionó directamente la efectividad de la administración distrital, señalando que en lo que va del mandato ya han pasado tres secretarios de seguridad sin lograr resultados tangibles. Según su análisis, la masacre en Siloé demostraba el fracaso de la estrategia de seguridad implementada por la Policía y el gobierno local para proteger a los ciudadanos. El concejal Roberto Rodríguez Zamudio fue más allá, argumentando que la intensificación de la actividad criminal de las bandas había ocurrido después del paro nacional de 2021, y que la solución requería la presencia conjunta del ejército y la policía en las zonas críticas de la ciudad. Rodríguez enfatizó que las organizaciones criminales internacionales se habían posicionado en Cali generando violencia, y que esto no podía resolverse con medidas superficiales.
Siloé es históricamente una zona de difícil acceso para las autoridades, no solo por la situación de orden público sino porque carece prácticamente de infraestructura de seguridad pública. Los grupos delincuenciales han ejercido dominio prolongado sobre el territorio, dedicándose al tráfico de drogas y al control de mercados ilegales. La masacre del 4 de octubre se convirtió en la número 83 reportada en el país durante 2022, según datos de la organización no gubernamental Indepaz, lo que subrayaba la magnitud de la crisis de violencia que atravesaba el país.
En respuesta a los hechos, Ospina reconoció públicamente que la situación de orden público era "un problema muy complicado" debido a los enfrentamientos entre grupos criminales. La administración ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien proporcionara información que llevara a la captura de los responsables de la masacre. Además, designó un fiscal especial para investigar el caso, quien fue asignado directamente desde Bogotá. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para calmar las exigencias de los concejales, quienes continuaban presionando por una intervención presidencial de mayor envergadura que abordara las causas estructurales de la violencia en la ciudad.
Citações Notáveis
Como se hizo en Bogotá con cifras más favorables de seguridad, lo de Cali no da más espera y se necesita la presencia del gobierno nacional— Concejal Fabio Alonso Arroyave
Urge la presencia del ejército con la policía para aquellas zonas críticas de Cali. Luego del paro esas bandas criminales internacionales se han posesionado en la ciudad generando violencia— Concejal Roberto Rodríguez Zamudio
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué los concejales creen que Petro es la solución cuando el alcalde ya está actuando?
Porque Ospina ha tenido tres secretarios de seguridad en el mismo período y nada ha cambiado. Los concejales ven que las medidas locales no funcionan y que necesitan el peso político y los recursos del gobierno nacional.
¿Qué hace que Siloé sea tan diferente de otros barrios de Cali?
Es una zona sin infraestructura de seguridad real, sin presencia estatal. Las bandas criminales han gobernado allí durante años. Es prácticamente inaccesible para la policía convencional.
¿Esto es solo sobre drogas?
Formalmente sí, dicen que es por control territorial y tráfico. Pero la realidad es que hay un vacío de poder que las bandas internacionales han llenado desde 2021, después del paro nacional.
¿Qué significa que sea la masacre número 83 del año?
Significa que esto no es un incidente aislado. Es un patrón. Y que la estrategia actual de seguridad, sea local o nacional, no está deteniendo la violencia.
¿Cree que Petro realmente puede hacer algo diferente?
Los concejales creen que sí, porque tiene más recursos y autoridad. Pero también están desesperados. Cuando nada funciona, buscas al que tiene más poder.