El 60% de las compras se hacen al contado por inversores, no familias
En el Parlament de Catalunya, los Comuns han presentado una proposición de ley para frenar la compra especulativa de vivienda bajo el lema 'Una familia, una casa', inspirándose en modelos europeos como el de Ámsterdam. La iniciativa responde a una realidad que pesa sobre miles de ciudadanos: el 60% de las compras de vivienda en España las realizan inversores al contado, no familias en busca de un hogar. La propuesta avanza con cautela institucional, pues su viabilidad depende tanto de la arquitectura jurídica como de voluntades políticas que, en este momento, se encuentran fragmentadas.
- El mercado de vivienda en Catalunya se ha convertido en un campo de inversión donde el 60% de las compras las realizan inversores con rentabilidades superiores al 10%, dejando a familias ordinarias sin acceso a un techo.
- Los Comuns han convertido esta prohibición en una condición explícita para apoyar los presupuestos tanto del Ayuntamiento de Barcelona como del Govern de Salvador Illa, elevando la presión política.
- La propuesta incluye excepciones cuidadosamente diseñadas —compra para familiares directos, edificios de alquiler permanente, segundas residencias en otro municipio— para no vulnerar el derecho constitucional a la propiedad.
- El Govern ha respondido con cautela: la consellera Sílvia Paneque tiene el encargo de evaluar la viabilidad jurídica, pero advierte que la aprobación estatal es incierta tras la ruptura de Junts con el Gobierno de Sánchez.
- La decisión final recaerá en cada ayuntamiento, y los Comuns han incluido un mecanismo para que vecinos y asociaciones ciudadanas puedan llevar la iniciativa directamente al pleno municipal si los alcaldes no actúan.
En el Parlament de Catalunya, los Comuns han registrado una proposición de ley bajo el lema 'Una familia, una casa' que busca modificar la ley de urbanismo catalana para que los municipios en zonas tensionadas puedan priorizar el uso residencial de la vivienda frente a su conversión en activo de inversión. La iniciativa nace de una realidad concreta: en España, el 60% de las compras de vivienda se realizan al contado por inversores con rentabilidades superiores al 10%, mientras ciudadanos ordinarios encuentran cada vez más difícil pagarse un techo.
La propuesta se inspiró en las limitaciones a la compra especulativa que funcionan en Ámsterdam y fue respaldada por un informe jurídico que concluyó que sería constitucional siempre que se aplique de forma excepcional, territorial y temporal. La filosofía central es que cada persona pueda comprar una sola vivienda para vivir en ella, aunque se contemplan excepciones: adquisición para un familiar directo, compra de edificios enteros destinados íntegramente al alquiler permanente, y segundas residencias en un municipio distinto al de la residencia habitual. Tras la compra, habría un plazo de 12 meses para convertir el inmueble en residencia principal.
Los Comuns han vinculado esta medida a las negociaciones presupuestarias tanto con el alcalde Jaume Collboni en Barcelona como con el Govern de Salvador Illa. Desde el Ejecutivo catalán, la consellera Sílvia Paneque ha asumido el encargo de evaluar la viabilidad jurídica y ha prometido explorar al máximo el marco normativo, anticipando más iniciativas de intervención en el mercado junto a ERC, Comuns y CUP.
Sin embargo, el camino está sembrado de obstáculos. La decisión de aplicar la medida recae en cada ayuntamiento, y no todos los consistorios están dispuestos a impulsarla. Además, si la regulación requiere aprobación estatal en el Congreso, la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez hace inviable esa mayoría. La propuesta avanza, así, en un terreno donde los obstáculos políticos pueden ser tan altos como los jurídicos.
En el Parlament de Catalunya, los Comuns han presentado una proposición de ley que busca frenar la compra especulativa de vivienda en zonas donde la presión inmobiliaria es más aguda. La iniciativa, registrada bajo el lema "Una familia, una casa", plantea modificar la ley de urbanismo catalana para permitir que cada municipio declare zonas tensionadas y, dentro de ellas, priorice que las viviendas se destinen al uso residencial en lugar de convertirse en activos de inversión.
El problema que intenta resolver es concreto y creciente. En España, el 60% de las compras de vivienda se realizan al contado, sin hipoteca. Quienes las adquieren no son familias que buscan un hogar, sino inversores que obtienen rentabilidades superiores al 10%. Mientras tanto, ciudadanos ordinarios encuentran cada vez más difícil pagarse un techo en las ciudades donde viven y trabajan. Los Comuns han convertido esta medida en una de sus condiciones para aprobar los presupuestos municipales de Barcelona con el alcalde Jaume Collboni, y también la impulsan como exigencia en las negociaciones de los presupuestos autonómicos del Govern de Salvador Illa.
La propuesta tiene raíces internacionales. Los Comuns se inspiraron en las limitaciones a la compra de vivienda que funcionan en Ámsterdam para contener la especulación. Solicitaron un informe jurídico al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona para determinar si una medida similar sería viable en Catalunya. El estudio concluyó que sí, pero con matices importantes: solo sería constitucional si se aplica "con carácter excepcional, territorial y temporal" para no vulnerar el derecho a la propiedad recogido en el artículo 33 de la Constitución.
La mecánica que proponen los Comuns es que los municipios en zonas tensionadas puedan adaptar sus planes urbanísticos especiales para limitar las compras especulativas y priorizar el uso residencial. La filosofía de fondo es que cada persona pueda comprar una sola vivienda para vivir en ella. Pero la propuesta incluye excepciones cuidadosamente diseñadas: se permitiría la compra de un piso para un familiar directo (hijos, padres, hermanos o nietos); también la adquisición de edificios enteros si todas las viviendas se destinan a alquiler permanente al precio del último contrato vigente, con la obligación de extender los contratos de los vecinos actuales entre 5 y 7 años más; y se autorizaría la compra de segundas residencias siempre que estén en un municipio diferente al de la residencia habitual. Tras adquirir una vivienda, habría un plazo de 12 meses para convertirla en residencia principal.
Pero la propuesta enfrenta un obstáculo político fundamental: la decisión final recae en cada ayuntamiento. Aunque el Estado declara una zona como tensionada a propuesta de la Generalitat, es el alcalde de turno quien debe impulsar o no el veto a la compra especulativa en su municipio. Los Comuns son conscientes de que hay formaciones políticas reacias a esta regulación, así que han incluido un mecanismo para que comunidades de vecinos y asociaciones ciudadanas puedan impulsar la iniciativa y llevarla al pleno municipal. Aun así, la aprobación final dependerá de la mayoría política del consistorio.
Desde el Govern, la respuesta ha sido cautelosa. El president Salvador Illa reveló hace dos semanas que el Govern "estudia" la posibilidad de prohibir la compra especulativa después de que su plan para construir 200.000 viviendas hasta 2030 fuera rechazado. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicado que ha recibido el encargo específico de evaluar la viabilidad jurídica de la medida y que el compromiso es "explorar al máximo el marco normativo". Ha anticipado que habrá más iniciativas del Govern para intervenir el mercado y que espera trabajarlas de forma conjunta con ERC, Comuns y CUP, los tres partidos con quienes también ha acordado la regulación de los alquileres de temporada.
Sin embargo, Paneque ha añadido una advertencia importante: también hay que considerar la viabilidad política, especialmente si la medida requiere aprobación a escala estatal a través del Congreso de los Diputados. Con la ruptura oficializada de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez, no habría mayoría en Madrid para aprobar una regulación de este tipo para toda España. La propuesta, por tanto, avanza en un terreno donde la voluntad política es tan importante como la arquitectura legal, y donde los obstáculos políticos pueden ser tan altos como los jurídicos.
Citações Notáveis
Una familia, una casa— Lema de los Comuns para la proposición de ley
Explorar al máximo el marco normativo sin descartar nada, pero tampoco sin asegurar apoyo— Posición del Govern según la consellera Sílvia Paneque
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué los Comuns creen que prohibir la compra especulativa es posible constitucionalmente?
Porque el informe jurídico que encargaron establece que se puede limitar temporalmente el derecho a la propiedad en situaciones excepcionales. No se trata de abolir ese derecho, sino de restringirlo de forma territorial y temporal para proteger la cohesión social que la propia ley de urbanismo exige.
¿Quién decide realmente si una zona es "tensionada" y si se aplica la prohibición?
Ahí está el nudo. El Estado declara la zona tensionada a propuesta de la Generalitat, pero es cada alcalde quien decide si incluye la prohibición en su plan urbanístico. Los Comuns intentan sortear esto permitiendo que los vecinos impulsen la medida, pero la aprobación final sigue siendo del consistorio.
¿Qué pasa con alguien que hereda una vivienda o que quiere comprar un piso para sus padres jubilados?
La propuesta lo permite. Puedes comprar para un familiar directo sin restricciones. También hay un plazo de 12 meses después de la compra para que la vivienda se convierta en tu residencia habitual, así que hay margen.
¿Por qué el Govern no se compromete directamente a apoyar la medida?
Porque saben que inquietará al mercado inmobiliario y porque la viabilidad política es complicada. Si necesitan aprobación en Madrid, con Junts roto con Sánchez, no hay mayoría. Prefieren decir que "exploran" mientras negocia con otros partidos.
¿Qué sucede con los inversores que ya tienen pisos en esas zonas?
La propuesta no lo especifica claramente, pero la lógica es que la prohibición sería prospectiva, no retroactiva. No puedes expropiar lo que ya existe. Solo se limita lo que se compre a partir de que entre en vigor.
¿Funciona esto en Ámsterdam?
Sí, pero en contextos muy diferentes. Ámsterdam tiene regulaciones más amplias y una tradición de intervención municipal en el mercado. En Catalunya, la medida depende de que cada alcalde quiera aplicarla, lo que es un riesgo importante.