El tres por ciento de mayores ingresos financiará derechos para la mitad vulnerable
En un momento en que Chile busca reconciliar su prosperidad macroeconómica con la vulnerabilidad de millones de hogares, el gobierno presentó una reforma tributaria que aspira a recaudar doce mil millones de dólares adicionales mediante impuestos a las grandes fortunas, cambios estructurales para las empresas y mayor control de la evasión fiscal. La propuesta reconoce una brecha histórica: Chile recauda apenas el 19.3% del PBI en impuestos, frente al 33.5% del promedio de la OCDE, una distancia que ha dejado sin financiamiento una agenda de derechos sociales largamente postergada. La reforma no es solo un ajuste de cifras, sino una pregunta sobre qué tipo de pacto social quiere construir una nación que creció con rapidez pero distribuyó con lentitud.
- Chile enfrenta una contradicción estructural: es miembro de la OCDE pero recauda impuestos como si no lo fuera, dejando a más de la mitad de sus hogares en situación de vulnerabilidad económica.
- El nuevo impuesto al patrimonio —entre 1% y 2% para fortunas superiores a cinco millones de dólares— enciende el debate sobre los límites de la riqueza privada en una sociedad que exige más servicios públicos.
- Las grandes empresas deberán adaptarse a un sistema dual que separa la tributación corporativa de la personal, mientras la minería del cobre enfrenta un esquema híbrido que podría elevar significativamente su carga fiscal.
- La economía chilena desacelera con fuerza: el crecimiento proyectado para 2022 cayó al 1.5% y la inflación escala a niveles no vistos en tres décadas, complicando el momento político de la reforma.
- La recaudación plena no llegará hasta 2026, lo que convierte esta reforma en una apuesta de largo aliento en medio de una coyuntura económica que exige respuestas inmediatas.
El viernes pasado, el gobierno chileno presentó una reforma tributaria con una meta ambiciosa: recaudar casi doce mil millones de dólares adicionales para financiar una agenda de derechos sociales en un país donde la desigualdad persiste incluso entre los miembros de la OCDE.
El corazón de la propuesta es un impuesto a la riqueza que grava el patrimonio financiero e inmobiliario con tasas de entre uno y dos por ciento para fortunas que superen los cinco millones de dólares. El impuesto a la renta personal también se modificará de forma progresiva, aunque el setenta y cinco por ciento de los chilenos no verá cambios; solo el tres por ciento de mayores ingresos sentirá el impacto directo.
Para las grandes empresas, la reforma implica abandonar el sistema semi integrado y adoptar uno dual, separando la imposición personal de la corporativa. Las pequeñas y medianas empresas conservarán el esquema vigente. Además, los dividendos distribuidos a personas naturales quedarán sujetos a un impuesto del veintidós por ciento sobre las rentas del capital.
La brecha que justifica estas medidas es elocuente: en 2020, Chile recaudó apenas el 19.3% del PBI, muy lejos del 33.5% promedio de la OCDE. Para cerrarla, el proyecto también refuerza el combate a la evasión con mayor control del Servicio de Impuestos Internos, un registro de beneficiarios finales y la figura del denunciante anónimo en materia fiscal.
La minería del cobre no queda al margen. Los grandes operadores enfrentarán un sistema híbrido que combina una tasa sobre ventas con un gravamen variable sobre la rentabilidad operacional, según el precio del metal.
Todo esto ocurre en un contexto de desaceleración: tras el rebote histórico de 2021, el gobierno redujo su previsión de crecimiento para 2022 al 1.5% y proyecta una inflación de casi nueve por ciento. La recaudación plena de la reforma no se alcanzará hasta 2026, mientras las autoridades aseguran que los inversores extranjeros no se verán afectados.
El viernes pasado, el gobierno chileno presentó una reforma tributaria que busca recaudar casi doce mil millones de dólares adicionales, una cifra que refleja tanto la ambición fiscal como la urgencia económica que enfrenta el país. La reforma apunta a financiar una agenda de derechos sociales en una nación donde más de la mitad de los hogares son económicamente vulnerables y donde la desigualdad es notoria incluso dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La piedra angular de la reforma es un nuevo impuesto a la riqueza que grava el patrimonio financiero e inmobiliario. Quienes posean entre cinco y quince millones de dólares pagarán una tasa del uno por ciento, mientras que los que superen ese umbral enfrentarán un gravamen del dos por ciento. Simultáneamente, el gobierno modificará el impuesto a la renta personal con aumentos progresivos en los tramos medios y altos. Los cambios comenzarán a partir de ingresos mensuales de cuatro mil quinientos euros, lo que significa que aproximadamente el setenta y cinco por ciento de los chilenos no verá alteraciones en sus obligaciones tributarias. Solo el tres por ciento de la población con mayores ingresos sentirá el impacto directo de estas medidas.
Para las grandes empresas, la reforma representa un cambio estructural. Chile abandonará el sistema semi integrado y transitará hacia uno dual, separando la imposición personal de la corporativa. Las micro, pequeñas y medianas empresas conservarán el esquema actual que les permite a los socios descontar del impuesto personal lo que ya pagaron a nivel empresarial. Además, se establecerá un impuesto del veintidós por ciento sobre las rentas del capital, aplicado a los dividendos que las empresas distribuyan a personas naturales.
La brecha tributaria que Chile mantiene con respecto a sus pares internacionales es considerable. En dos mil veinte, el país recaudó apenas el diecinueve punto tres por ciento del producto bruto interno a través de su sistema impositivo, muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza el treinta y tres punto cinco por ciento. Esta diferencia justifica buena parte de las medidas que ahora se proponen. Para combatir la evasión, el proyecto contempla un aumento del control desde el Servicio de Impuestos Internos, la creación de un registro de beneficiarios finales, la aplicación de normas tributarias por vía administrativa en lugar de judicial, e incluso la incorporación de denunciantes anónimos en materias fiscales.
La minería del cobre, sector estratégico para la economía chilena, también enfrenta cambios. La reforma propone transitar desde la actual regalía del tres por ciento de las ventas totales hacia un sistema híbrido. Los grandes mineros, aquellos con más de cincuenta mil toneladas de producción anual, pagarán un componente sobre ventas que oscilará entre el uno y el cuatro por ciento, más una tasa adicional sobre la rentabilidad operacional que variará entre el dos y el treinta y dos por ciento según el precio del metal.
El contexto económico que rodea esta reforma es de desaceleración. Tras un rebote histórico del once punto siete por ciento en dos mil veintiuno, la mayor expansión en cuatro décadas, la economía chilena muestra signos de enfriamiento. El gobierno redujo en mayo su previsión de crecimiento para dos mil veintidós al uno punto cinco por ciento y elevó su estimación de inflación acumulada a doce meses al ocho punto nueve por ciento para finales de año, niveles no vistos desde la década de los noventa. La recaudación efectiva de estas medidas será gradual, alcanzando el objetivo del cuatro punto uno por ciento del PBI recién en dos mil veintiséis. Las autoridades han señalado que los inversores extranjeros no se verán afectados por la reforma.
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El gobierno busca una recaudación mayor pero también más equitativa en uno de los países de la OCDE con mayor desigualdad— Autoridades chilenas
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué Chile necesitaba esta reforma ahora, en medio de una desaceleración económica?
Porque la brecha es insostenible. Chile recauda menos impuestos que casi cualquier país desarrollado, mientras que la mitad de sus hogares son vulnerables económicamente. No podía esperar a que la economía se recuperara.
¿Quién realmente paga más con esto?
El tres por ciento de mayores ingresos y las grandes empresas. La mayoría de los chilenos no ve cambios. Pero es ese tres por ciento el que tiene capacidad de financiar derechos sociales.
¿Y la minería del cobre? ¿No se va a ir del país?
Ese es el riesgo que el gobierno está tomando. El sistema híbrido es más complejo, pero permite que Chile capture más cuando el cobre es caro y proteja a los mineros cuando el precio cae. Es un equilibrio.
¿Funcionará el control de la evasión?
Eso depende de si el Servicio de Impuestos Internos tiene recursos reales. Crear un registro de beneficiarios finales es bueno, pero solo si se investiga. Los denunciantes anónimos pueden ayudar, pero también pueden ser usados de forma maliciosa.
¿Cuándo empieza a recaudar dinero?
Gradualmente. No llega al objetivo de cuatro punto uno por ciento del PBI hasta dos mil veintiséis. Es un proceso de años, no de meses.