Ábalos y Koldo ingresan en prisión preventiva por orden del Supremo

A las diez de la mañana del jueves, José Luis Ábalos llegó al Tribunal Supremo en un coche blanco, sin maletín, sin aparente preparación para lo que estaba a punto de suceder. Horas después, cuando abandonó el edificio, lo haría en un furgón de la Guardia Civil rumbo a la prisión de Soto del Real. El magistrado Leopoldo Puente había decidido: prisión preventiva, sin fianza, por riesgo de fuga y por la gravedad de los delitos que se le imputan.

Ábalos, exministro de Transportes y durante años la mano derecha de Pedro Sánchez en la estructura del PSOE, se convirtió en el primer diputado en activo de todo el Congreso en ingresar en prisión. No era un precedente menor. Junto a él entró Koldo García, su exasesor, quien llegó al Supremo con una mochila preparada, como si ya supiera lo que vendría. Ambos enfrentan acusaciones por presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, delitos que podrían llevarlos a cumplir hasta treinta años de cárcel según las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción. Para Ábalos, veinticuatro años. Para Koldo, diecinueve y medio.

La decisión del juez Puente se basó en argumentos que aparecían en el auto: contactos internacionales, capacidad de manejar importantes sumas de dinero en metálico cuya procedencia aún se desconoce, y un riesgo que el magistrado consideró extremo. Koldo había argumentado ante el juez que no podía fugarse porque tenía que cuidar de su madre en Benidorm y de su hija menor de edad. Ábalos, según fuentes judiciales, se quejó de que no disponía de recursos económicos ni tenía adónde ir. El juez no fue persuadido por ninguno de los argumentos.

La noche del jueves, ambos durmieron en Soto del Real, el centro penitenciario ubicado a cuarenta kilómetros al norte de Madrid que se ha convertido en el destino habitual para los casos de corrupción política. Allí ya había estado Santos Cerdán, el anterior secretario de Organización del PSOE, quien salió hace poco en libertad condicional tras cinco meses de prisión preventiva. Antes de él, Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, ingresó en 2013 por el caso Gürtel. La prisión tiene piscina, pistas de baloncesto, biblioteca. Pero sigue siendo una cárcel.

La entrada de Ábalos en prisión abrió un debate sin precedentes recientes en el Congreso: qué sucede con las mayorías parlamentarias cuando un diputado en activo está entre rejas. Según el Reglamento de la Cámara, su entrada en prisión preventiva conlleva la suspensión automática de sus derechos y deberes parlamentarios. No podría votar, no podría intervenir en el hemiciclo. Pero el escaño no desaparece automáticamente. Permanecería congelado, sin poder ser ocupado por un sustituto. En un Gobierno que ya no tiene mayorías claras, la pérdida de facto de un voto socialista era un golpe más. El Congreso retiraría su sueldo de 5.300 euros brutos mensuales, pero no podía obligarle a abandonar su acta de diputado.

En Moncloa había temor de que Ábalos se aferrara al escaño. Fuentes del Ejecutivo confiaban en que actuara con cordura y renunciara a su acta si ingresaba en prisión. "Sería inaudito que alguien en la cárcel mantenga el escaño", dijeron. Pero también reconocieron: "Es verdad que la gente se trastorna en los procesos judicales".

Mientras tanto, la política se movía en torno a la decisión. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, convocó para el domingo siguiente una manifestación en el Templo de Debod a las doce del mediodía. La llamó una concentración cívica y abierta a todos, pero su mensaje fue claro: contra la corrupción, contra quienes la sostienen, y contra Sánchez. "Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel, el señor Sánchez debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa", dijo. Pedro Sánchez, por su parte, guardó silencio. Ese jueves participó en un acto sobre mejora de condiciones laborales de empleados públicos, pero no mencionó a Ábalos. No permitió preguntas de los medios.

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, calificó la situación de devastadora para Sánchez. Susana Díaz, expresidenta de Andalucía y rival de Sánchez en las primarias del PSOE, fue más directo: "Esta legislatura está liquidada". El PSOE, por su parte, trató de desvincularse. Recordó que Ábalos había sido expulsado del partido y que ahora era diputado del Grupo Mixto. Negó haber mantenido conversaciones con él en las últimas horas.

Abalos, sin embargo, no se quedó callado. Horas antes de su comparecencia ante el juez, había cargado contra Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, cuestionando quién había usado su vivienda ministerial durante la pandemia. Y veinticuatro horas antes de comparecer, confirmó públicamente que la reunión entre Sánchez y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en 2018 había existido, contradiciendo lo que ambos habían negado. Sus palabras agitaban el tablero político en el peor momento para el Gobierno. Al día siguiente, Koldo García comparecería ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional para ser interrogado sobre los contratos de mascarillas en Canarias. La trama seguía desplegándose.