Niega los derechos de las mujeres y se pone en la misma posición conservadora
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele retiró de su propuesta de reforma constitucional las disposiciones que habrían permitido el aborto terapéutico y el matrimonio igualitario, cediendo a la presión pública de la Conferencia Episcopal. La decisión revela la tensión permanente entre el poder político, la autoridad religiosa y los derechos de las mujeres en una nación donde la ley ya condena a mujeres pobres a décadas de prisión por emergencias obstétricas. Mientras Bukele consolida su control institucional de cara a 2027, las voces de la sociedad civil advierten que la reforma avanza sin consulta genuina y que los más vulnerables siguen pagando el costo del silencio legislativo.
- Bukele descartó públicamente el aborto terapéutico y el matrimonio igualitario de su reforma constitucional apenas días después de que su propio vicepresidente los incluyera en un borrador más amplio.
- La Conferencia Episcopal salvadoreña emitió un rechazo frontal, y el presidente cedió con rapidez, encendiendo alarmas entre activistas que ven en esa maniobra una cortina de humo sobre la concentración de poder.
- En El Salvador, diecisiete mujeres pobres cumplen condenas de hasta cincuenta años por emergencias obstétricas reinterpretadas como homicidio agravado, una realidad que la reforma dejará intacta.
- Organizaciones feministas y defensores de derechos humanos exigen un debate constitucional abierto a todos los sectores, denunciando que el proceso actual excluye a la sociedad civil.
- Con la Asamblea Legislativa controlada por aliados y magistrados constitucionales recientemente reemplazados, la reforma tiene el camino despejado hacia 2027 y podría allanar la reelección de Bukele en 2024.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció a través de sus redes sociales que no propondría ningún cambio a los artículos constitucionales que protegen la vida desde la concepción, definen el matrimonio como unión entre hombre y mujer o prohíben la eutanasia. La declaración llegó días después de que su vicepresidente, Félix Ulloa, presentara un proyecto de reforma más amplio que sí contemplaba esas cuestiones, junto con la extensión del mandato presidencial y mecanismos de revocatoria.
La presión determinante vino de la Iglesia católica. Los obispos salvadoreños rechazaron públicamente las propuestas el domingo anterior, declarándose «absolutamente a favor de la vida desde su concepción» y advirtiendo que no aceptarían ningún lenguaje que abriera paso al aborto o a la eutanasia. Bukele retiró las disposiciones sensibles y la Conferencia Episcopal obtuvo lo que pedía.
Para las organizaciones de mujeres, la decisión fue un retroceso sin matices. La activista Morena Herrera acusó al presidente de asumir la misma postura conservadora de sus predecesores y señaló que el tema servía para desviar la atención de los cuestionamientos internacionales sobre la concentración de poder. El trasfondo legal agrava la gravedad del momento: en El Salvador, fiscales y jueces han reinterpretado abortos y pérdidas de embarazo como homicidio agravado, delito que conlleva entre treinta y cincuenta años de prisión. Diecisiete mujeres pobres que acudieron a hospitales públicos por emergencias obstétricas cumplen hoy esas condenas; desde 2009, cincuenta y tres han recuperado la libertad gracias a litigios impulsados por grupos feministas.
Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos, pidió que la reforma se debata con todos los sectores de la sociedad civil, que fueron excluidos de su elaboración. Pero el camino institucional ya está trazado: la Asamblea Legislativa, controlada desde mayo por aliados de Bukele, deberá aprobar el texto en dos congresos consecutivos para que entre en vigor hacia 2027. Los nuevos magistrados de la Sala Constitucional —designados tras la destitución de los anteriores— ya interpretaron la Constitución de forma que habilitaría la reelección inmediata de Bukele en 2024. A sus cuarenta años y con amplio respaldo popular, el presidente avanza en la reconfiguración del Estado salvadoreño con pocos contrapesos visibles.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele cerró deliberadamente la puerta a dos reformas que su propio gobierno había considerado: la legalización del aborto terapéutico y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. El viernes pasado, a través de sus redes sociales, fue explícito: no propondría cambio alguno a los artículos constitucionales que tocaran el derecho a la vida desde la concepción, la definición del matrimonio como unión entre hombre y mujer, o la eutanasia.
La decisión llegó días después de que su vicepresidente, Félix Ulloa, presentara un proyecto de reforma más amplio que incluía precisamente esas cuestiones. El proyecto de Ulloa buscaba extender el mandato presidencial de cinco a seis años a partir de 2027 e introducir mecanismos de revocatoria. Pero Bukele, bajo presión de la Conferencia Episcopal de El Salvador, decidió extraer las disposiciones que habrían permitido el aborto cuando la vida de la madre estuviera en peligro, así como el lenguaje que reconocía a los "cónyuges" en lugar de especificar "hombre y mujer" en la definición de matrimonio.
La Iglesia católica salvadoreña había rechazado públicamente esas propuestas el domingo anterior. Los obispos emitieron un comunicado tajante: como cristianos estaban "absolutamente a favor de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural" y no aceptarían una reforma que abriera camino a la legalización del aborto o que, bajo eufemismos como "muerte digna", legalizara la eutanasia. Argumentaron que el fundamento de la familia descansaba en el matrimonio entre hombre y mujer.
Para los grupos de derechos de las mujeres, la maniobra de Bukele representaba un retroceso. Morena Herrera, activista de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, acusó al presidente de negar los derechos de las mujeres y de asumir la misma posición conservadora de sus predecesores. Señaló que cuando una mujer necesita una intervención médica para salvar su vida durante el embarazo, esa decisión debería resolverse desde la perspectiva de la salud, no de la penalización. Herrera también sugirió que Bukele usaba el tema como cortina de humo para evitar discusiones sobre la concentración de poder que la comunidad internacional le cuestiona.
La realidad legal en El Salvador es brutal. El artículo 133 del Código Penal establece penas de dos a ocho años de cárcel por aborto, pero fiscales y jueces han reinterpretado los casos de aborto e incluso pérdidas de embarazo como "homicidio agravado", un delito que conlleva treinta a cincuenta años de prisión. Bajo esa legislación, diecisiete mujeres pobres que buscaron atención médica en hospitales públicos por emergencias obstétricas fueron acusadas de homicidio agravado y cumplen condenas. Desde 2009, cincuenta y tres mujeres han recuperado su libertad gracias a acciones legales patrocinadas por organizaciones feministas.
Miguel Montenegro, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, pidió que Bukele abriera un debate genuino sobre la reforma constitucional con sectores de la sociedad civil que no fueron incluidos en su elaboración. Enfatizó que cualquier decisión que afecte al Estado salvadoreño debe atravesar una consulta en la que participen todos los sectores sociales y políticos.
Ahora Bukele debe validar el pliego de reformas y enviarlo a la Asamblea Legislativa. Para entrar en vigencia, deberá ser aprobado por dos congresos consecutivos, probablemente hacia 2027. La reforma tiene vía libre asegurada: desde mayo, la Asamblea está controlada por partidos aliados a Bukele, quienes en mayo destituyeron y reemplazaron a magistrados de la Sala Constitucional. Esos nuevos magistrados interpretaron recientemente un artículo constitucional de manera que abre la puerta a una reelección inmediata de Bukele en 2024 si así lo decide. A los cuarenta años y en el poder desde 2019, Bukele goza de amplio respaldo popular, capitalizado sobre el descontento con los partidos tradicionales que gobernaron durante tres décadas.
Citações Notáveis
He decidido no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción, con el matrimonio manteniendo únicamente el diseño original de un hombre y una mujer, o con la eutanasia— Nayib Bukele, presidente de El Salvador
Bukele niega los derechos de las mujeres y se pone en la misma posición conservadora de los que le han antecedido en el gobierno— Morena Herrera, activista de ACDATEE
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué Bukele cambió de posición tan rápidamente? ¿Qué pasó entre el miércoles y el viernes?
La Conferencia Episcopal rechazó las propuestas el domingo anterior. Eso fue el detonante. Bukele necesitaba la bendición de la Iglesia más que la de los grupos de derechos.
Pero su propio vicepresidente había incluido esas reformas. ¿No fue una humillación pública para Ulloa?
Probablemente. Pero en El Salvador, la Iglesia tiene poder de veto que los vicepresidentes no tienen. Bukele eligió a quién obedecerle.
¿Qué significa esto para las mujeres que están en cárcel ahora?
Significa que seguirán allí. Diecisiete mujeres pobres acusadas de homicidio agravado por emergencias obstétricas. Sin cambio constitucional, sin esperanza de que sus casos se revisen.
¿Y el matrimonio igualitario? ¿Hay movimiento LGBTQ+ fuerte en El Salvador?
No se menciona en la cobertura, pero la decisión de Bukele fue explícita: matrimonio significa hombre y mujer, punto. No hay debate.
¿Esto afecta su popularidad?
No parece. Bukele tiene amplio respaldo popular. Capitalizó el descontento con los partidos viejos. Para muchos salvadoreños, su posición conservadora en estos temas probablemente refuerza su apoyo, no lo debilita.
¿Qué viene ahora?
La reforma va a la Asamblea, que controla. Será aprobada. Y luego, probablemente, Bukele se reelija en 2024 si quiere. Los magistrados ya le dieron luz verde.