Los responsables políticos no pueden quedar en la impunidad
En Quito, el parlamento ecuatoriano examina la gestión de Inés Manzano al frente del Ministerio de Energía durante la crisis de apagones de 2024, cuando contrataciones cuestionadas habrían costado más de 70 millones de dólares al Estado. El juicio político, promovido por la oposición y resistido en parte por la mayoría oficialista, plantea una pregunta que trasciende lo jurídico: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quienes gobiernan en tiempos de emergencia, y quién tiene el poder de exigirles cuentas?
- Más de 70 millones de dólares en pérdidas para el erario público aceleran la presión sobre una exministra que dejó su cargo apenas meses atrás.
- La mayoría oficialista bloqueó la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por la oposición, encendiendo sospechas de que el proceso está siendo administrado para proteger a la acusada.
- La oposición exige que Manzano comparezca en persona ante la comisión, invocando la ley, mientras la exministra se limita a enviar representación legal y 13 anexos documentales.
- El caso se ramifica hacia contratos con la empresa estadounidense Progen, investigados por la Fiscalía en el llamado caso Apagón, ampliando el alcance de la crisis institucional.
- El proceso continúa con nuevas sesiones programadas, pero su desenlace depende de si la comisión permite o sigue restringiendo el acceso a pruebas clave.
La Comisión de Fiscalización del Parlamento ecuatoriano avanza en el juicio político contra Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, acusada de haber autorizado contrataciones irregulares durante la crisis energética de 2024 que derivaron en pérdidas superiores a 70 millones de dólares para el Estado. Los cargos fueron presentados por los legisladores de oposición Blasco Luna y Lenín Barreto, de la bancada Revolución Ciudadana, quienes señalan que esas decisiones agravaron los apagones que afectaron al país.
Durante la sesión del lunes, la mayoría oficialista rechazó incorporar documentación adicional que la oposición consideraba indispensable para esclarecer el daño económico. Luna y Barreto interpretaron esa negativa como un intento de limitar el alcance de la investigación. La defensa de Manzano, por su parte, presentó 13 anexos documentales como pruebas de descargo, y la comisión fijó una nueva sesión para el 14 de julio.
La oposición no se conformó con el avance procesal. La legisladora Ana Herrera citó la Ley Orgánica de la Función Legislativa para exigir la comparecencia personal de Manzano, argumentando que la representación legal cumple solo una función técnica. Blasco Luna fue más contundente: afirmó que los ecuatorianos tienen derecho a saber qué se quiere ocultar y a quién se está encubriendo.
Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión y miembro del oficialismo, rechazó esas acusaciones y aseguró que el proceso respeta la Constitución y el debido proceso. El caso también se extiende hacia contratos con la empresa estadounidense Progen, investigados por la Fiscalía en el denominado caso Apagón. Manzano ha sostenido que ninguno de esos contratos fue firmado durante su gestión y que su rol se limitó a administrar su ejecución. El resultado del juicio dependerá de cómo la comisión evalúe las pruebas y de si finalmente permite que la exministra comparezca en persona.
En Quito, la Comisión de Fiscalización del Parlamento ecuatoriano avanzó esta semana en un juicio político contra Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, mientras legisladores de la oposición denunciaban obstáculos en el proceso y exigían que la acusada compareciera en persona ante los jueces.
El caso gira en torno a decisiones tomadas durante la crisis energética de 2024, cuando el país enfrentó apagones generalizados. Según los promotores del juicio, Manzano autorizó contrataciones irregulares para conseguir generación eléctrica de emergencia que resultaron en pérdidas superiores a 70 millones de dólares para el erario público. Los legisladores Blasco Luna y Lenín Barreto, ambos de la bancada de oposición Revolución Ciudadana, presentaron los cargos contra la exfuncionaria, quien dejó su cargo el 30 de abril de este año.
Durante la sesión de este lunes, la mayoría oficialista que controla la comisión rechazó incorporar documentación y testimonios adicionales que los legisladores interpelantes consideraban esenciales. Luna y Barreto argumentaron que ese material permitiría profundizar el análisis sobre cómo se produjo el daño económico y arrojaría luz sobre las decisiones que Manzano tomó mientras dirigía la cartera de Energía. La negativa de la mayoría a admitir nuevas pruebas fue interpretada por la oposición como un intento de limitar el alcance de la investigación.
La defensa de Manzano respondió presentando 13 anexos documentales como pruebas de descargo, y la comisión programó una nueva sesión para el 14 de julio a fin de continuar con la actuación de pruebas. Pero la oposición no se conformó con este avance procesal. La bancada de Revolución Ciudadana insistió en que Manzano debía comparecer personalmente ante la comisión, no limitarse a ser representada por sus abogados. La legisladora Ana Herrera citó la Ley Orgánica de la Función Legislativa para sostener que un funcionario sometido a juicio político tiene la obligación de presentar sus descargos en persona, mientras que la asistencia legal cumple únicamente una función técnica.
Blasco Luna fue más directo en su crítica. Afirmó que los responsables políticos no pueden quedar impunes y que los ecuatorianos tienen derecho a saber a quién se está encubriendo y qué se quiere ocultar. Su declaración reflejaba la frustración de la oposición ante lo que percibía como una defensa institucional de Manzano por parte del oficialismo.
Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión y miembro del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, rechazó esas acusaciones. Aseguró que el proceso se desarrolla conforme a la Constitución, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, y negó que la comisión busque proteger a la exfuncionaria. Su postura sugería que la mayoría consideraba que el procedimiento avanzaba de manera ordenada y legítima.
El núcleo del caso involucra un contrato con la empresa Austral Technical Management para la provisión de generación eléctrica de emergencia durante la crisis de 2024. Sin embargo, Manzano también ha sido mencionada en relación con contratos suscritos con la firma estadounidense Progen, que están siendo investigados por la Fiscalía en lo que se conoce como el caso Apagón. La exministra ha sostenido que ninguno de esos convenios fue firmado durante su gestión, y que su responsabilidad se limitó a administrar su ejecución y enfrentar los incumplimientos que se detectaron.
El juicio político contra Manzano, que inicialmente fue bloqueado por el oficialismo, continúa su curso con sesiones programadas para los próximos días. El resultado dependerá de cómo la comisión evalúe las pruebas presentadas y de si finalmente se permite que la exministra comparezca en persona, como exige la oposición.
Citas Notables
Los responsables políticos no pueden quedar en la impunidad y los ecuatorianos deben saber a quién se está encubriendo y qué se quiere ocultar— Blasco Luna, legislador de Revolución Ciudadana
El proceso se desarrolla con apego a la Constitución, al debido proceso y al derecho a la defensa— Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué la oposición insiste tanto en que Manzano comparezca personalmente? ¿No es suficiente que sus abogados presenten la defensa?
Porque creen que hay una diferencia fundamental entre una defensa técnica y una defensa política. Un abogado puede argumentar sobre procedimientos y documentos, pero solo Manzano puede responder por sus decisiones, por qué las tomó, qué sabía en ese momento.
¿Y la mayoría oficialista por qué rechazó la nueva documentación que pedía la oposición?
Eso es lo que genera sospecha. Si el proceso fuera completamente transparente, ¿por qué no permitir más pruebas? La mayoría dice que respeta el debido proceso, pero la oposición ve eso como una forma de limitar lo que se puede investigar.
¿Cuánto dinero estamos hablando realmente?
Más de 70 millones de dólares. En un país donde la crisis energética ya había dejado a la gente sin luz durante semanas, ese dinero desaparecido es dinero que no fue a reparar la red, no fue a nuevas plantas. Es dinero que simplemente se fue.
¿Manzano niega haber firmado esos contratos problemáticos?
Sí. Dice que ella no los suscribió, que solo tuvo que administrar su ejecución y lidiar con los incumplimientos. Es una defensa que técnicamente podría ser cierta, pero la oposición quiere saber quién sí los firmó y bajo qué presiones.
¿Esto afecta solo a Manzano o hay otros involucrados?
Hay otros. El caso Apagón es más amplio. Pero Manzano es el rostro visible de las decisiones de energía durante la crisis, así que es donde se concentra la atención política ahora.