La inseguridad es el principal problema que estamos afrontando como país
En el Palacio de Carondelet, el Estado ecuatoriano cruzó un umbral que pocas democracias latinoamericanas han atravesado sin consecuencias duraderas: autorizar el uso de armas letales contra ciudadanos clasificados como terroristas, sin necesidad de declarar estado de excepción. La masacre de nueve personas en Esmeraldas fue la gota que desbordó la paciencia institucional, empujando al presidente Lasso y al Cosepe a una respuesta que mezcla urgencia legítima con preguntas sin respuesta sobre las raíces profundas de la violencia. Ecuador no debate solo una táctica de seguridad, sino el alma de su contrato social.
- Nueve muertos en un puerto pesquero de Esmeraldas el 11 de abril convirtieron una crisis crónica en una emergencia política que ya no podía postergarse.
- El Cosepe designó a ocho bandas criminales como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a operaciones militares sin los frenos formales de un estado de excepción.
- El ministro del Interior y el de Defensa coincidieron en que la amenaza ya no es policial sino soberana, justificando el despliegue de 'material bélico' en territorio nacional.
- Universidades, sindicatos de seguridad privada y abogados constitucionalistas respondieron con críticas, demandas judiciales y la advertencia de que armar al Estado no resuelve la desigualdad que alimenta el crimen.
- Ecuador queda atrapado entre dos lógicas irreconciliables: la urgencia de contener la violencia hoy y la necesidad de transformar las condiciones que la reproducen mañana.
El jueves pasado, el presidente Guillermo Lasso convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado en el Palacio de Carondelet para tomar una decisión sin precedentes: recomendar un decreto ejecutivo que autorice el uso de armas letales contra el terrorismo. El Cosepe, integrado por los más altos funcionarios civiles y militares del país, declaró el terrorismo como amenaza directa a la integridad del Estado ecuatoriano.
El detonante fue la masacre del 11 de abril en el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas, donde nueve personas fueron asesinadas y cuatro resultaron heridas. Ese episodio aceleró una reunión que ya había sido postergada por la hospitalización de Lasso y la salida abrupta del secretario de Seguridad Diego Ordóñez. Ocho bandas criminales —entre ellas Los Choneros, Lobos y Tiguerones— serían designadas formalmente como organizaciones terroristas, permitiendo a las Fuerzas Armadas operar contra ellas sin necesidad de declarar estado de excepción.
El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó que el tratamiento del terrorismo es cualitativamente distinto al de otros delitos: cuando está en juego la soberanía territorial, las Fuerzas Armadas no solo pueden sino que deben actuar con medios militares. El ministro de Defensa, Luis Lara, respaldó la medida señalando que la amenaza compromete la democracia y los derechos de los ecuatorianos. La reunión también sirvió para posesionar a dos generales retirados —Wagner Bravo y Paco Moncayo— en nuevos cargos de seguridad nacional.
Sin embargo, la escalada no llegó sin resistencia. Apenas semanas antes, el Decreto 707 que autorizaba armas civiles para defensa personal había provocado el rechazo de varias universidades y de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada, que acusó al gobierno de ser incapaz de atacar las causas reales del conflicto: la inequidad y la falta de oportunidades. Un grupo de abogados presentó además una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Ecuador enfrenta así una tensión que va más allá de la táctica: la disyuntiva entre la respuesta armada inmediata y la transformación estructural que la violencia exige a largo plazo.
El jueves pasado, en el Palacio de Carondelet de Quito, el presidente Guillermo Lasso se reunió con los máximos funcionarios de seguridad del país para tomar una decisión que marcaría un giro significativo en la estrategia estatal contra el crimen. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe)—integrado por el presidente, vicepresidente, titulares de la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia, ministros de Defensa, Gobierno y Relaciones Exteriores, junto con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía—resolvió declarar el terrorismo como una amenaza directa a los elementos estructurales del Estado ecuatoriano y a su seguridad integral.
De esa reunión emergió una recomendación que no pasaría desapercibida: que el presidente expidiera un decreto ejecutivo autorizando el uso de armas letales para combatir esta amenaza. La medida forma parte de un paquete más amplio de acciones "coercitivas, urgentes y eficaces" diseñadas para enfrentar lo que el gobierno considera una crisis de seguridad sin precedentes. Ocho bandas criminales—Los Choneros, Gángsters, Los Fatales, Los R7, Lagartos, Tiguerones, Lobos y Chone Killers—serían designadas formalmente como organizaciones terroristas, lo que permitiría a las Fuerzas Armadas y la Policía actuar contra ellas sin necesidad de que el presidente declare un estado de excepción o emergencia.
La urgencia detrás de esta decisión tiene raíces recientes y sangrientas. El 11 de abril, nueve personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas en una masacre ocurrida en el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas, una provincia ubicada al noroeste del país. Esa tragedia fue el catalizador que aceleró los planes para esta reunión del Cosepe, originalmente programada para el 16 de abril pero postergada debido a una infección en las vías urinarias que hospitalizó a Lasso en el Hospital Militar durante varios días, además de la salida repentina del entonces secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.
El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó el alcance de la decisión en una entrevista televisiva el viernes. Señaló que Lasso "es el más interesado en esto" y que el presidente había enfatizado la necesidad de acciones inmediatas, particularmente el uso de medios letales para reducir la amenaza. Zapata subrayó que el tratamiento del terrorismo es fundamentalmente distinto al de otros delitos: cuando existe una amenaza tanto al territorio como a la soberanía, las Fuerzas Armadas deben actuar y pueden desplegar "material bélico". El ministro de Defensa, Luis Lara, añadió que la declaratoria de amenaza terrorista permite a las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su misión constitucional, iniciar operaciones militares para contrarrestar lo que describe como una amenaza contra la soberanía, la integridad territorial, la democracia y los derechos de los ecuatorianos.
La reunión también marcó la incorporación de dos nuevos funcionarios de seguridad. Los generales en servicio pasivo Wagner Bravo y Paco Moncayo fueron posesionados el miércoles como secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado y consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, respectivamente. Lasso expresó que su preparación académica y experiencia en temas de seguridad serían "fundamentales" en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Sin embargo, esta escalada en el uso de la fuerza no ha sido recibida sin resistencia. Apenas tres semanas antes, el 1 de abril, Lasso había emitido el Decreto Ejecutivo 707, que autorizaba la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional. Esa medida generó una ola de críticas. Universidades de todo el país—incluyendo la Universidad de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Nacional de Educación y la Universidad de las Artes—se pronunciaron en contra. La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe) fue aún más directa, argumentando que las decisiones del gobierno revelaban "su incapacidad de generar política pública que permita resolver el origen real del conflicto, que es la inequidad, desigualdad y la falta de oportunidades". El martes anterior a la reunión del Cosepe, un grupo de abogados presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de armas civiles ante la Corte Constitucional, solicitando su suspensión provisional.
Ahora, con la autorización de armas letales para las fuerzas de seguridad, Ecuador enfrenta un momento de tensión entre dos visiones: una que ve en la represión armada la solución inmediata a una crisis de violencia que ha llegado a masacres en puertos pesqueros, y otra que insiste en que sin abordar las causas estructurales de la desigualdad y la falta de oportunidades, ninguna cantidad de armamento resolverá el problema de fondo.
Citas Notables
Es el que más énfasis le puso ayer de que tengamos acciones inmediatas, pero sobre todo, que podamos hacer uso de los medios letales para, obviamente, bajar la amenaza— Juan Zapata, ministro del Interior
Estas reiteradas y erráticas decisiones del Gobierno nacional solo confirman su incapacidad de generar política pública que permita resolver el origen real del conflicto, que es la inequidad, desigualdad y la falta de oportunidades— Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe)
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el gobierno decidió específicamente autorizar armas letales en lugar de otras medidas de seguridad?
La masacre de Esmeraldas el 11 de abril fue el punto de quiebre. Nueve muertos en un puerto pesquero. Eso cambió el cálculo político. El gobierno vio que las herramientas convencionales no estaban conteniendo la violencia, así que escaló.
Pero ¿qué diferencia hace declarar a estos grupos como terroristas en lugar de solo bandas criminales?
Es la diferencia entre un policía y un soldado. Con la declaratoria de terrorismo, las Fuerzas Armadas pueden actuar sin que el presidente tenga que declarar un estado de excepción. Es más poder, menos restricciones legales.
¿Y por qué las universidades se oponen tan fuertemente?
Porque ven dos decretos contradictorios en tres semanas: primero armas civiles para todos, luego armas letales para el Estado. Eso no es política de seguridad coherente. Es reacción al pánico.
¿Qué dicen los ministros que justifica esto?
Que cuando la soberanía está amenazada, el Estado tiene derecho a defenderse con todos los medios disponibles. Es un argumento de guerra, no de policía.
¿Hay algo que sugiera que esto funcionará?
No hay evidencia histórica de que más armas resuelvan inseguridad estructural. Pero el gobierno apuesta a que la represión inmediata comprará tiempo mientras se resuelven otras cosas. Es una apuesta riesgosa.