podemos tener perfectamente un brazo armado metiéndose al mar
En las aguas de la región de Los Lagos, una circular de la Armada fechada el 30 de junio ha removido un requisito histórico: el certificado de antecedentes para extranjeros que aspiren a la licencia de buzo profesional. La institución lo justifica como modernización normativa y respeto a la libertad de trabajo, pero alcaldes y legisladores ven en esa apertura una puerta que podría cruzar tanto el trabajador legítimo como la organización criminal. El debate que emerge no es solo sobre un papel administrativo, sino sobre quién tiene derecho a habitar los fondos marinos de Chile y a qué costo.
- La Armada suprimió de un plumazo el certificado de antecedentes para buzos extranjeros, argumentando que el documento no aporta valor técnico a las decisiones de la autoridad marítima.
- El alcalde de Calbuco, Marcos Silva, advierte que la medida abre la puerta a que personas con historial delictivo —incluso integrantes del Tren de Aragua— accedan a una profesión con acceso estratégico al mar.
- El diputado Héctor Ulloa suma otra alarma: mafias ya operan en sectores productivos del norte del país, y permitir el ingreso masivo de extranjeros al buceo profesional amenaza el empleo de los chilenos en una industria clave.
- La reforma incluye también convalidación de estudios extranjeros y actualización de normas de seguridad, pero es la eliminación del antecedente la que concentra toda la tormenta política.
- Ulloa ha prometido llevar la resistencia al Congreso, convirtiendo una circular administrativa en el epicentro de un debate más profundo sobre inmigración, seguridad y soberanía laboral en Chile.
Una circular oficial de la Armada, fechada el 30 de junio, confirmó la eliminación del certificado de antecedentes como requisito para que extranjeros obtengan licencia de buzo profesional en Chile. La Dirección General del Territorio Marítimo justificó la medida señalando que dicho documento no entrega información técnica útil para la autoridad marítima, y la enmarcó en principios de libertad de trabajo y no discriminación. Los extranjeros solo deberán acreditar su situación migratoria regular para acceder a estas licencias.
La reforma contempla además la convalidación de estudios extranjeros vía el Ministerio de Educación y una actualización de normas de seguridad en buceo. Sin embargo, es la supresión del certificado de antecedentes la que encendió las alarmas en la región de Los Lagos.
Marcos Silva, alcalde de Calbuco, fue el primero en rechazar la medida públicamente. Para él, el riesgo es concreto: sin ese filtro, individuos con historial penal podrían ingresar al sector y utilizar su posición para actividades ilícitas. Mencionó explícitamente la posibilidad de infiltración de organizaciones como el Tren de Aragua en las actividades marítimas de la región.
Desde el Congreso, el diputado Héctor Ulloa añadió una preocupación laboral: advirtió sobre mafias que ya operan en ciertos rubros del norte del país y se comprometió a luchar para que los empleos en buceo profesional permanezcan en manos de ciudadanos chilenos. Para Ulloa, abrir este mercado estratégico a trabajadores extranjeros sin los resguardos adecuados equivale a sacrificar el empleo nacional.
La circular ha convertido un ajuste administrativo en el centro de un debate más amplio sobre inmigración, seguridad marítima y soberanía laboral, debate que promete extenderse en los pasillos del Congreso.
Una circular de la Armada fechada el 30 de junio ha desatado alarma en la región de Los Lagos al confirmar la eliminación de un requisito que hasta ahora era obligatorio: el certificado de antecedentes para extranjeros que soliciten licencia de buzo profesional. El documento, que lleva el timbre oficial de la institución, marca el inicio de una reforma más amplia del Reglamento de Buceo que busca modernizar las exigencias para profesionales del sector.
La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante justifica la medida como parte de una actualización integral de la normativa. Según el texto de la circular, la supresión del certificado de antecedentes responde a que este documento "no aporta información técnica útil para la toma de decisiones de la Autoridad Marítima". La decisión también se enmarca en principios de libertad de trabajo y no discriminación. Los extranjeros que deseen acceder a estas licencias deberán acreditar únicamente su situación migratoria regular, demostrando que cuentan con permanencia definitiva o residencia temporal que los autoriza para realizar actividades remuneradas en Chile.
La reforma incluye además otras modificaciones: la convalidación de estudios realizados en el extranjero a través del Ministerio de Educación y una actualización de las normas de seguridad y equipamiento para la actividad de buceo. Sin embargo, es la eliminación del certificado de antecedentes la que ha generado la mayor preocupación entre autoridades locales y legisladores.
Marcos Silva, alcalde de Calbuco, fue uno de los primeros en expresar su rechazo. Para Silva, la medida representa un riesgo grave para la seguridad marítima de la región. Su preocupación central es que sin este requisito, individuos con antecedentes penales podrían acceder a la profesión de buzo y, potencialmente, utilizar su posición para actividades ilícitas. Específicamente, mencionó la posibilidad de que miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua pudieran infiltrarse en el sector y utilizar los recursos marítimos para operaciones delictivas.
El diputado Héctor Ulloa, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja e independiente con apoyo del PPD, se sumó a las críticas con un enfoque distinto pero complementario. Para Ulloa, la medida representa una amenaza para el empleo nacional. Advirtió sobre la existencia de mafias operando en ciertos productos en el norte del país y expresó su determinación de luchar para que los empleos en buceo profesional permanezcan en manos de ciudadanos chilenos. Según el diputado, permitir el ingreso de extranjeros a este mercado laboral en una industria tan estratégica para la región constituye una decisión equivocada que sacrifica el empleo nacional en nombre de la generación de oportunidades.
La tensión que emerge de esta circular refleja un conflicto más amplio en torno a la inmigración, el empleo y la seguridad en Chile. Por un lado, la Armada busca modernizar regulaciones y facilitar la participación de trabajadores extranjeros en sectores donde existe demanda. Por el otro, autoridades locales y legisladores advierten sobre riesgos concretos: la infiltración de organizaciones criminales y la pérdida de oportunidades laborales para ciudadanos chilenos en una industria clave para la economía regional. La circular abre un período de debate que probablemente se extenderá en el Congreso, donde Ulloa ha prometido presentar resistencia a la medida.
Citas Notables
Lo más preocupante es que a los migrantes que vayan a postular a la carrera de buzo profesional no se les va a exigir el certificado de antecedentes— Marcos Silva, alcalde de Calbuco
No podemos permitir la existencia de mafias en ciertos productos como ya está ocurriendo en el norte del país— Héctor Ulloa, diputado
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué la Armada considera que el certificado de antecedentes no es útil para esta decisión?
Según la circular, porque no proporciona información técnica relevante para evaluar la capacidad de alguien para bucear profesionalmente. Es un argumento administrativo: el documento mide antecedentes penales, no competencia técnica.
Pero entonces, ¿qué información sí consideran relevante?
La situación migratoria regular. La Armada asume que si alguien tiene permiso legal para trabajar en Chile, eso es suficiente. El resto depende de la formación técnica y las normas de seguridad en buceo.
¿Y por qué el alcalde ve esto como una puerta abierta para el crimen organizado?
Porque un buzo profesional tiene acceso a recursos marítimos, a zonas costeras, a equipamiento. Si esa persona tiene vínculos criminales, podría usar esa posición para contrabando, tráfico, o actividades ilícitas. Sin antecedentes verificados, no hay forma de detectarlo.
¿Es realista ese riesgo?
El alcalde cita el Tren de Aragua específicamente. Es una organización que ya opera en Chile. Entonces sí, es un riesgo que existe en el contexto actual, aunque la probabilidad de que se infiltren en buceo profesional es otra pregunta.
¿Qué gana la Armada con esta reforma?
Modernizar la industria, atraer talento internacional, reducir la burocracia. En teoría, más buzos disponibles, menos costos administrativos, una industria más competitiva.
¿Y qué pierden los buzos chilenos?
Potencialmente, empleos. Si hay más competencia de extranjeros dispuestos a trabajar por menos, los salarios bajan o hay menos oportunidades. Eso es lo que Ulloa está defendiendo.