Cuba aprueba paquete de 176 reformas para liberalizar su economía ante crisis sin precedentes

El parlamento unicameral de Cuba aprobó el jueves 18 de junio un paquete de 176 reformas económicas diseñado para desmantelar décadas de planificación centralizada y abrir espacios al sector privado. La votación ocurrió en sesión extraordinaria, después de que el presidente Miguel Díaz-Canel presentara las medidas el miércoles anterior ante la cúpula del Partido Comunista. Más de 400 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular debatieron y aprobaron un conjunto de transformaciones que tocan cada rincón del ecosistema empresarial: desde la estructura de las empresas estatales hasta el sistema bancario, el turismo, la agricultura, los impuestos y el mercado cambiario.

La isla enfrenta su peor crisis en décadas. Durante los primeros seis meses de 2026, los cubanos han soportado apagones de veinte horas o más cada día, mientras que instituciones fundamentales como la educación y la salud pública se deterioran de manera crónica. El colapso económico no es nuevo: Cuba nunca se recuperó completamente de la caída del bloque soviético en los años noventa, un período que los historiadores locales llaman el «período especial». Ahora, con las presiones estadounidenses intensificadas desde enero —cuando la administración Trump implementó un bloqueo petrolero— el gobierno ha decidido que los cambios no pueden esperar más. "La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella", dijo Díaz-Canel en la clausura de la reunión del Partido Comunista.

Las reformas representan un giro conceptual profundo. El Estado abandonaría su rol como administrador que distribuye recursos entidad por entidad, adoptando en su lugar mecanismos de planificación financiera e indirecta. Las empresas estatales podrán realizar cualquier actividad lícita que determinen, distribuir salarios con autonomía total y gestionar sus operaciones sin la mediación de instancias superiores. Desaparecerá la distinción entre gestión privada y estatal en materia de regulación empresarial. Se crearán procedimientos para quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, y las compañías estatales podrán convertirse en sociedades mercantiles por acciones, aunque el Estado mantendrá participación mayoritaria en sectores estratégicos.

El sector privado, que ya emplea a un tercio de la población activa a través de más de diez mil microempresas, pequeñas y medianas empresas, recibirá una expansión sin precedentes. Los límites de crecimiento desaparecerán: las empresas privadas podrán contratar a más de cien trabajadores, y una misma persona podrá ser propietaria de varias empresas simultáneamente, algo que hasta ahora era ilegal aunque ocurría mediante testaferros. Las actividades prohibidas para el sector privado serán reducidas drásticamente. Las microempresas podrán importar y vender combustibles al por menor o mayor. Por primera vez en décadas, se permitirán empresas privadas en agricultura, sector que hasta ahora funcionaba solo bajo formas cooperativas o estatales. La inversión extranjera directa en agricultura y comercio exterior será permitida, y el usufructo de tierra a empresas extranjeras se extenderá hasta noventa y nueve años.

El monopolio estatal del comercio exterior desaparecerá. Las importadoras estatales que funcionaban como intermediarios cobrando comisiones serán eliminadas. Ahora cualquier empresa o cooperativa, estatal o privada, podrá negociar directamente con proveedores e inversionistas. Los precios dejarán de fijarse por métodos administrativos. Las empresas establecerán sus propios precios, y en productos agrícolas la fijación ocurrirá entre productores y comercializadores. El gobierno también fusionará el Ministerio de Finanzas y Precios con el de Economía y Planificación, creando un nuevo Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, en un esfuerzo por reducir de veintisiete a veinte los organismos de la Administración Central del Estado.

Díaz-Canel ha señalado que estas reformas toman como referencia las experiencias de China y Vietnam. En 1978, China impulsó su "Gaige Kaifang" (Reforma y Apertura), abandonando la planificación centralizada para adoptar mecanismos de mercado, transformación que la convirtió casi medio siglo después en potencia económica global. Vietnam comenzó una transformación similar en 1986 con el "Doi Moi" (Renovación). El presidente cubano insistió que estas no son ideas nuevas, sino decisiones que el país discutió y aprobó hace años. "El error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado, y esa etapa de aplazamiento tiene que terminar", sentenció.

Sin embargo, los desafíos son monumentales. El economista Daniel Torralbas advierte que incluso implementando todas las reformas, Cuba permanece en una situación económica delicada donde escasean recursos fundamentales. "Para implementar todas estas medidas, hacen falta energía, divisas, bienes y también credibilidad internacional para atraer inversionistas. Ahora mismo, todo escasea en la economía cubana", señaló. Torralbas subraya que la relación con Estados Unidos se ha convertido en la variable principal para la recuperación económica cubana. Las sanciones estadounidenses actuales están, en sus palabras, exprimiendo la economía de forma que no le permite ni respirar. El economista Julio Carranza escribió en redes sociales que el desafío es de tal magnitud que requiere combinar visión estratégica con pragmatismo urgente: "Lo estratégico no debe impedir lo urgente y a su vez, lo urgente tampoco debe nublar el horizonte estratégico".

Díaz-Canel negó que la premura de estas reformas sea una reacción a presiones estadounidenses, afirmando que Cuba ha llegado a un momento de madurez y reflexión. Insistió en que "Cuba decide sin más permiso que el de su pueblo" y que el gobierno está dispuesto a dialogar con Washington "sin odio, pero sin miedo". Aun así, admitió que Cuba "vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla". La incertidumbre permanece: si Washington considerará suficiente este intento de renovación económica a la cubana, si los actores económicos tendrán la capacidad de ejecutarlo en un momento tan asfixiante, si la burocracia estatal podrá responder al desafío, y sobre todo, si una sociedad cubana extenuada podrá soportar los impactos de esta transformación.